Criminalización de la protesta
Un grupo de tres personas armadas irrumpió en la madrugada del sábado en la casa del reconocido referente social de Avellaneda. Desde la organización nucleada en la CTA denunciaron que los atacantes actuaron con una brutalidad inusitada para un “simple robo”.
Esta madrugada, la Policía allanó los domicilios de una veintena de referentes de movimientos sociales. Es en el marco de una causa federal por presunta coacción y defraudación a la administración pública. “Quieren ensuciarnos y criminalizarnos”, sostienen desde el FOL.
La Central, junto a otras organizaciones y legisladores, organismos de derechos humanos y personalidades, se hizo presente en la alcaidía de Parque Patricios para exigir la inmediata libertad 10 detenidos durante la represión a la movilización en CABA.
Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma se repudió la detención de Matías Santana del pueblo Mapuche y se reafirmó que hay una persecución sistemática a este pueblo por reclamar sus derechos.
Mediante una carta documento, la Central denuncia una persecución política y un intento de intimidación a la clase trabajadora a partir de la imposición de multas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación ante las movilizaciones de los días 22 y 27 de diciembre pasados.
Mediante un documento, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT denuncian las violaciones al convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del Derecho Sindical.
El escrito se denuncia la política del Ministerio de Seguridad de la Nación de exigir a las organizaciones que paguen sumas millonarias por su participación en las protestas sociales del 20, 22 y 27 de diciembre.
El Gobierno Nacional intima a la CTA Autónoma y otras organizaciones al pago de multas millonarias por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
Este mediodía fueron liberados Martin Brunas, trabajador de prensa y militante de la CTA y Lautaro Robledo, afiliado de la Unión Ferroviaria.
La CTA Autónoma, junto a la CGT y la CTA de los Trabajadores, habían presentado una comunicación a la Organización Internacional del Trabajo para que intervenga en el Gobierno argentino por el protocolo que censura la protesta social.