CTA

Criminalización de la protesta

Frente a la continuidad de acciones represivas dirigidas a militantes populares, la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) emitió un pronunciamiento que reproducimos a continuación.
Esta tarde, la CTA Autónoma adherirá a la marcha convocada por el juez nacional Juan María Ramos Padilla hacia el Palacio de Tribunales para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la democratización del Poder Judicial y el fin del lawfare. La concentración se llevará a cabo desde las 16 horas en Avenida 9 de Julio y Viamonte.
La policía de la capital provincial impidió violentamente la realización de una olla popular a les vendedores en la vía pública, los "puesteres", quienes reclamaban por la reinstalación en sus lugares de trabajo en Parque San Martín. Julio Molina, Secretario General de CTAA Salta, junto a varios trabajadores resultaron golpeados.
Cuatro trabajadores de la localidad bonaerense de Tres Arroyos permanecen detenidos desde septiembre de 2021 en la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca, acusados falsamente de Asociación Ilícita, Coacción, Amenazas y extorsión.
En la Argentina salieron a la luz videos en donde se corrobora como la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires planificaba ataques a organizaciones sindicales. Eran tiempos en donde Mauricio Macri soñaba con dinamitar al emblemático Astillero Río Santiago. Por eso, los ataques de gravedad institucional a la democracia requieren el máximo de las penas.
Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras que fueron brutalmente reprimidos mientras pedían por la continuidad laboral de la Cooperativa "Nueva Generación" en Wilde, finalmente fueron liberados tras varias horas de detención. Dirigentes de la CTA Autónoma y organizaciones hermanas permanecieron en las puertas de la comisaría desde el primer momento. El reclamo por la preservación de los puestos de trabajo aún espera respuesta.
Frente a los hechos de represión en Avellneda, FeNaT-CTAA exige políticas públicas que promuevan el empleo y la ampliación de derechos y que se termine la criminalización de la protesta social.
César Arakaki, compañero militante del PO, hoy enfrenta pena de tres años y cuatro meses; mientras que Daniel Ruiz, militante del PSTU enfrenta una pena de tres años de prisión.
Comunicación de la Asociación de Trabajadores del Estado ante la criminalización de la protesta al pueblo de Andalgalá.