Criminalización de la protesta

Compañeros y compañeras de la Central de Capital y de provincia de Buenos Aires junto a sus organizaciones de base, y dirigentes locales y nacionales marcharon hoy a la Casa de la Provincia de Misiones para repudiar la persecución judicial que está sufriendo “Koki” Duarte, Secretario General de la Central misionera.

"Gacetilla de Prensa a raíz de los malentendidos que se generaron a partir del conflicto que llevamos adelante por el transporte en todo el territorio nacional el día de ayer en el marco de la movilización global contra la cumbre del G7. En ese sentido, queremos aclarar que el corte en Puente Pueyrredón no fue provocado por nuestra organización sino por quienes debían garantizar el operativo y prevenir el asesinato ocurrido en un corte en el interior de la Provincia.

Esta tarde, la CTA Autónoma adherirá a la marcha convocada por el juez nacional Juan María Ramos Padilla hacia el Palacio de Tribunales para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la democratización del Poder Judicial y el fin del lawfare. La concentración se llevará a cabo desde las 16 horas en Avenida 9 de Julio y Viamonte.

La policía de la capital provincial impidió violentamente la realización de una olla popular a les vendedores en la vía pública, los "puesteres", quienes reclamaban por la reinstalación en sus lugares de trabajo en Parque San Martín. Julio Molina, Secretario General de CTAA Salta, junto a varios trabajadores resultaron golpeados.

Cuatro trabajadores de la localidad bonaerense de Tres Arroyos permanecen detenidos desde septiembre de 2021 en la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca, acusados falsamente de Asociación Ilícita, Coacción, Amenazas y extorsión.

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras que fueron brutalmente reprimidos mientras pedían por la continuidad laboral de la Cooperativa "Nueva Generación" en Wilde, finalmente fueron liberados tras varias horas de detención. Dirigentes de la CTA Autónoma y organizaciones hermanas permanecieron en las puertas de la comisaría desde el primer momento. El reclamo por la preservación de los puestos de trabajo aún espera respuesta.

César Arakaki, compañero militante del PO, hoy enfrenta pena de tres años y cuatro meses; mientras que Daniel Ruiz, militante del PSTU enfrenta una pena de tres años de prisión.