Los dirigentes están acusados por los delitos de «desobediencia judicial y entorpecimiento del tránsito terrestre en concurso ideal», tras su participación en las protestas conocidas como el «Misionerazo» en mayo de 2024. Estas movilizaciones, que incluyeron a docentes, trabajadores de la Salud y agentes policiales, reclamaban mejoras salariales y en las condiciones laborales, y tuvieron un alto impacto en la provincia, llegando a discutirse a nivel nacional una posible intervención federal.

Desde la audiencia, Mónica Gurina, Secretaria General de la CTAA Misiones, defendió la legitimidad de la protesta. «Los responsables del Misionerazo no fuimos solo los dos que vamos a juicio, fuimos miles. Fue una sociedad empujada a las calles por un gobierno que, tras más de 24 años en el poder, no muestra resultados a favor del pueblo.», afirmó. Gurina añadió que «con nosotros quieren condenar a todos los trabajadores que luchan por salarios dignos y por una educación pública de calidad».

Por su parte, Leandro Sánchez, Secretario General Adjunto de la CTAA Misiones y de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM), contextualizó el conflicto. «Mientras las autoridades provinciales proyectan la imagen de una provincia modelo, nosotros somos trabajadores con salarios de indigencia en escuelas sin recursos básicos, con niños que asisten a clases con hambre.», declaró. Sánchez aseguró que la intentona de «criminalizar la protesta social no nos silenciará», debido a que «tenemos historia y un presente de lucha».

Ambos explicaron que el conflicto se desató cuando el Gobierno provincial incumplió, en octubre de 2023, un acuerdo para actualizar los salarios según la inflación. La situación se agravó, según relataron, cuando, «tras la devaluación del Gobierno nacional y con una inflación del 114 %, se nos ofreció un aumento de solo el 13 %».

Por su parte, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, instó a «multiplicar las voces y movilizar el día 15 cuando se inicie el juicio». Godoy enfatizó en la necesidad de «sostener esta lucha en todas las provincias para recuperar un sentido nacional emancipador que una a todo nuestro pueblo. En ese camino vamos a seguir encontrándonos juntos y juntas”.

La audiencia fue convocada por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad y contó con la presencia de diputados nacionales como Cristian Castillo, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola y Mercedes Mendieta, entre otros. Todos ellos, junto a un amplísimo espectro político y sindical exigieron la absolución de Gurina y Sánchez, al tiempo que coincidieron en convocar a realizar acciones de solidaridad y movilizar.

En tanto que por la Central también estuvieron presentes Norberto “Beto” González, Leonor Cruz, Ramiro Fernández, Jimena Franquel, Néstor Rojas, Julio Castro y Claudio Lozano también en representación de Unidad Popular, entre otros. Junto a ellos, una delegación de dirigentes misioneros del MPL, UDNAM, ATE San Vicente y UTEM.

Los testimonios coincidieron en señalar un interés político por parte del Gobierno nacional y sus aliados provinciales de utilizar al Poder Judicial como un mecanismo de disciplinamiento contra los trabajadores, en un contexto de crecimiento de las protestas sociales.

En otro orden de cosas, en la audiencia también se hizo mención a la situación que se está viviendo en Palestina, con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tragedia humanitaria que vive el pueblo palestino con consecuencias dramáticas para la población civil y el auténtico genocidio llevado adelante por el ejército de Israel. En ese marco, se pidió por la liberación de los tres argentinos miembros de la flotilla humanitaria Glabal Sumud que fueron capturados por Israel.