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Multas a organizaciones: La CTA denuncia persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora

El Gobierno Nacional intima a la CTA Autónoma y otras organizaciones al pago de multas millonarias por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
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A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional intima a la CTA Autónoma, la Federación Nacional Territorial y la Asociación Trabajadores del Estado, CONADU Histórica, y organizaciones de otras centrales sindicales y movimientos sociales al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente.

Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta.

Ya hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar estas intimaciones. Hemos realizado presentaciones ante la OIT por la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tal en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas.

Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras.

De igual manera ratificamos la convocatoria al Paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Congreso de la Nacional, e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de Sitio de hecho.

 

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General

Mariana Mandakovic, Secretaria Adjunta

Ricardo Peidro, Secretario Adjunto

 

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