Como resultado de la represión del Jujeñazo el 20 de junio de 2023, cien personas fueron detenidas por unos días y luego liberadas. “Un mes más tarde hicieron allanamientos, entre ellos en mi casa, a 19 personas casi todos pertenecientes a organizaciones sociales. Los detuvieron y los encauzaron. Entre ellos está mi marido, mi compañero”. La que narra es Miriam Morales, docente y hasta hace poco secretaria de Género de la CTA Autónoma jujeña. Su compañero es Santiago Zamora, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y afiliado de ATE, al igual que Gabriel Taboada y Walter Puca, que junto con otros integrantes de la CTA, como José Donaire, Gabino Cruz e Ivan Blacutt, a partir del 26 de octubre serán llevados a juicio por protestar.

La causa estuvo dormida durante un tiempo y fue reactivada en octubre de 2024 cuando el juez Rodolfo Fernández la elevó a juicio a solicitud de Diego Funes, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy. La justicia provincial tiene previstas diez jornadas de audiencias, hasta el 6 de noviembre.

“Es una causa totalmente disparatada. A nosotros en el Jujeñazo nos incendiaron el auto y a Santiago lo acusan precisamente de incendiar autos. En las distintas acusaciones es más o menos la misma mecánica que después se empezó a ver cuando asume Milei; por eso siempre decimos que Jujuy fue un laboratorio de la represión y de lo que la derecha iba a hacer cuando llegara al poder. Hoy están ejecutando el objetivo que tenían con esa reforma constitucional y con el RIGI, por eso se están dando muchos desalojos en las comunidades, como el de Santa Rosa. Con este juicio intentan disciplinar para evitar la resistencia”, explica Morales a Canal Abierto.

El tribunal rechazó gran parte de las pruebas presentadas por la defensa de los imputados. “Por ejemplo, hay una foto en la que se lo ve a Santiago cerca de un auto que luego aparece incendiado; él en ese momento estaba sacando a la gente infiltrada que se preparaba para prender fuego. Cuando se presenta el video donde se ve claramente esta situación esa prueba fue rechazada, aceptan la foto pero no el video completo”, relata la docente y militante.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades lanzaron un llamamiento para exigir la absolución y sobreseimiento de los diecinueve, denunciar un nuevo avance de la criminalización de la protesta social y exigir la investigación e imputación de los funcionarios implicados en la represión. “No puede haber una Justicia para quienes lucharon y otra para quienes ejercían el poder y dieron órdenes ilegítimas”, menciona el comunicado.

El próximo 14 de septiembre este colectivo realizará una conferencia de prensa para dar difusión a la iniciativa. La cita es a las 10 horas en la sede de ADIUNJU, gremio de los docentes universitarios, Necochea 270, San Salvador de Jujuy.

“Si llegamos a juicio hay muchas probabilidades de que los condenen, aunque sea muy ridículo todo porque en esta provincia pasan esas cosas: presos por tuitear, presos por escribir cosas. Así que tenemos que impedirlo, tenemos que tratar de que por alguna causa se suspenda el juicio. Está muy difícil, pero nada es imposible”, concluye Morales.

Que se investigue la represión

“El Jujeñazo fue muy importante, muy intenso y extenso. Primero, en la previa a la aprobación de la reforma con una lucha docente impresionante, no hubo docente que no saliera a la calle con la consigna de ‘arriba los salarios, abajo la reforma’. Ahí se sumó todo el pueblo. Luego vino la represión brutal del 20 de junio que terminó con cien detenidas y detenidos aproximadamente. La jura de la reforma inconstitucional tuvo que hacerse de madrugada”, recordó Mariana Vargas, abogada de seis de los procesados por luchar en el 2023, en el programa “Dónde están las feministas”, de la CTA Autónoma.

Justo antes del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de Jujuy, en 2024, cuando la abogada era parte de la Comisión Organizadora del mismo, se activó la causa. “En esos días tuve como cien audiencias donde tratamos de frenar el juicio oral. Pensábamos que con todos los recursos e impugnaciones que presentamos íbamos a poder frenar el juicio y que prescriba la causa. Estábamos en eso y nos han fijado en forma abrupta el juicio para que no prescriba”, declaró la letrada.

“En diez días de audiencias vamos a ver pasar a un montón de policías que reprimieron, que recibieron órdenes ilegítimas para reprimir. Yo también soy abogada de un municipal, Ernesto Aguirre, que perdió un ojo en esa brutal represión en la que se disparó a la cara. Hubo tres personas más que perdieron un ojo en esos hechos. Queremos que se investigue por qué esta represión fue así, pero esto se frenó”, sostiene Vargas.

Los principales responsables del operativo represivo, que no se limitó a la capital, según la línea jerárquica, son el ex gobernador Gerardo Morales (hoy con residencia en China); su ministro de Seguridad Guillermo Corro; Diego Matías Suárez, secretario de Gobernación y el ex jefe de la Policía provincial, Horacio Herbas Mejías.

“Podemos sortear algunas imputaciones pero los cargos por resistencia a la autoridad va a ser muy complicado sortearlos. Para mí es fundamental que no lleguemos a juicio. Obviamente esto se va a pelear en las calles. Así como el jujeñazo fue un costo político brutal para Morales, este juicio no va a pasar sin ese mismo costo político para Carlos Sadir, el actual gobernador”, señala Vargas. “Acá la injusticia es brutal, hay órdenes ilegítimas de funcionarios que motivaron una represión salvaje donde hubo jóvenes que perdieron un ojo, como Lian (Misael Lian Lamas, de 17 años), un estudiante secundario. Eso no puede no ser investigado, no puede no ir a juicio. Sin embargo están cerrándonos esa causa y a las víctimas, que resistieron esa represión ilegítima, se las está llevando a juicio”.

“Ellos van a tratar de legalizar el despojo pero nos seguimos organizando y seguimos luchando y vamos a salir a las calles en forma muy insistente. Realmente espero que paren antes de que lleguemos a esa audiencia y todo sea para ellos un poco peor”.

“Esta causa es una revancha judicial, porque lograron imponer una reforma pero el costo político fue altísimo. Hoy Morales es un cadáver político”, reflexiona la abogada. Y el pueblo jujeño sabe que debe luchar para frenar la injusticia y el despojo.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/