La jueza Marta Pascual dispuso la suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Por ello, desde la Secretaría de derechos humanos rechazamos cualquier intento de utilizar el juicio político como mecanismo de intimidación contra una magistrada que actuó en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ante los cuestionamientos y el pedido de juicio político impulsado desde sectores de La Libertad Avanza contra la jueza que suspendió el nuevo régimen penal juvenil, consideramos necesario decirlo con absoluta claridad: SER MENOR DE EDAD NO ES SER DELINCUENTE
Un adolescente no puede ser convertido automáticamente en un delincuente por su edad, por vivir en un barrio determinado, por su situación social o por encontrarse en conflicto con la ley.
La sociedad tiene derecho a vivir segura. Las víctimas tienen derecho a justicia. Pero la seguridad no puede construirse vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Nos preocupa especialmente cualquier política que pretenda avanzar hacia el traslado o alojamiento de menores en establecimientos penitenciarios destinados a personas adultas.
Eso no es una política de protección. Eso no es una política de prevención. Y mucho menos es una política de derechos humanos.
Un menor no puede ser tratado como un adulto dentro del sistema penitenciario.
La separación entre adolescentes y adultos privados de libertad no es un detalle administrativo: es una garantía fundamental para evitar abusos, violencia, contaminación criminal y vulneraciones de derechos.
Quienes proponen endurecer el sistema deberían explicar cómo pretenden proteger a un adolescente colocándolo en un ámbito penitenciario pensado para adultos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la respuesta frente a los adolescentes en conflicto con la ley debe contemplar educación, contención, tratamiento especializado, reinserción social, acompañamiento familiar y oportunidades reales de reconstruir un proyecto de vida.
La privación de libertad, cuando legalmente corresponda, debe ser excepcional y desarrollarse bajo condiciones específicas para adolescentes, con personal especializado y con todas las garantías correspondientes.
No podemos aceptar que bajo la bandera de la seguridad se pretenda instalar la idea de que todo menor es un potencial delincuente.
Los menores son sujetos de derechos. Y el Estado tiene una responsabilidad especial frente a ellos.
Por eso consideramos que la decisión de la jueza merece ser debatida desde el derecho y desde los estándares de derechos humanos, y no respondida mediante amenazas, persecución política o intentos de remover a una magistrada por el contenido de una resolución judicial.
El Poder Judicial debe poder controlar los actos del poder político sin ser castigado por hacerlo.
Defender la independencia judicial también es defender la democracia.Defender a los menores también es defender el futuro. Y defender los derechos humanos significa poner límites al poder del Estado cuando esos límites son necesarios para proteger a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Nuestro compromiso con una política de seguridad que no abandone los derechos humanos y con un sistema de justicia juvenil que permita responsabilizar cuando corresponda, pero que nunca renuncie a la posibilidad de educar, recuperar y reinsertar.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MENORES
NO A LAS CÁRCELES DE ADULTOS PARA ADOLESCENTES.
NO A LA PERSECUCIÓN DE QUIENES EJERCEN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
SÍ A LOS DERECHOS HUMANOS
SÍ A LA JUSTICIA.
SÍ A UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD CON INCLUSIÓN Y DIGNIDAD.
En defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En defensa de la democracia.
En defensa de los derechos humanos.
