Referentes sindicales, de derechos humanos y juristas analizaron en la sede de la Central el avance de las reformas normativas y judiciales del Poder Ejecutivo y trazaron un plan de acción para la resistencia popular.
Al cumplirse 1000 días del inicio de la gestión de Javier Milei, la CTA fue escenario de la jornada de debate y reflexión denominada “Argentina reprimida, inteligencia, seguridad interior y libertades públicas: la construcción de un nuevo régimen de poder”.
El encuentro, convocado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) bajo la coordinación de Daniel Godoy y Tomás Raffo, reunió a dirigentes sindicales, exfuncionarios, abogados y defensores de los derechos humanos para discutir el alcance de las transformaciones estatales, normativas y represivas implementadas en el país desde que llegó al gobierno Javier Milei.
La jornada estuvo moderada por María José Cano, directora de Derechos Humanos de la Central, y contó con las exposiciones de Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario General de la CTA Autónoma), Claudia Rocca (Presidenta de la Asociación Americana de Juristas), Jimena Frankel (coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del IEF-CTA), Sabina Frederic (ex ministra de Justicia e integrante de En Foco), Álvaro de la Cuesta (Fundación DHI) y Paula Quinteros, abogada e integrante del equipo jurídico de la CTA.
Tanto Cachorro Godoy como Claudia Rocca, hicieron hincapié en el patrón de las reformas impulsadas por el Ejecutivo, advirtiendo sobre el uso recurrente del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como método central de gobierno para vulnerar los derechos y las necesidades populares. En ese marco, se subrayó la importancia de comprender la dimensión estructural de los cambios en marcha, que no solo afectan los aspectos administrativos del Estado, sino que inciden profundamente en el plano jurídico, constitucional y en las relaciones internacionales de la Argentina.
“Este encuentro no es un evento aislado, sino un trabajo común para pensar los cambios estructurales que la derecha está haciendo en nuestra región. Están construyendo un escenario geopolítico anticonstitucional, económico, social y jurídico que es necesario entender no solo para prepararnos y acumular fuerzas no sino para reconstruir la potencias de los sectores populares tanto en nuestro país como en América Latina”, dijo “Cachorro” Godoy.
Claudia Roca detalló las estrategias estadounidenses para la región, partiendo de los documentos de Santa Fe hasta llegar a la renovada Doctrina Monroe y el Escudo de las Américas de Trump. La abogada puntualizó en la criminalización de la protesta, en la constitución de fuerzas policiales militarizadas para apropiarse de los bienes comunes de la región y la política por aproximación contra China que consiste en ataques indirectos, sobre todo a partir de sanciones económicas, a los países que comercian con el país asiático.
Detenciones y represión versus organización popular
Jimena Frankel, coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del IEF, presentó el “Argentina reprimida: detenciones y represiones en 1000 días del gobierno de Milei”, que compila datos estadísticos y casuística sobre los operativos de las fuerzas de seguridad y el accionar judicial frente a las manifestaciones sociales. El informe que recorre estos 1000 días contabiliza 147 represiones en la protesta, con al menos 5141 personas heridas y 762 detenidas. El saldo represivo incluye seis personas que perdieron un ojo por el uso de balas de goma, cinco de esos casos en la ciudad de Buenos Aires. El primero fue Matías Saufieri, durante el tratamiento de la ley ómnibus, a poco de asumir Milei; luego, un manifestante en la protesta del 9 de Julio de abril de 2024; después, un caso en la reforma laboral; y el 12 de marzo, Pablo Grillo.
A su turno, la exministra de Seguridad Sabina Frederic (integrante de En Foco) analizó las modificaciones en el sistema de inteligencia y vigilancia digital, repasando el tránsito institucional desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hasta la aplicación de la Guía PGN 56/2026 y llamando a pensar qué sistema de seguridad necesitamos desde las clases populares.
Por su parte, Álvaro de la Cuesta (Fundación DHI) examinó el protocolo antipiquetes y su recorrido judicial, exigiendo su inmediata derogación por considerarlo un instrumento punitivo que criminaliza la protesta. En la misma línea, Paula Quinteros, del equipo jurídico de la CTA, expuso sobre las tensiones alrededor de la libertad sindical y el derecho de huelga, señalando que modalidades como el bloqueo, las tomas de establecimientos y los piquetes han sido los ejes de mayor persecución judicial.
Estrategias y propuestas del campo popular
Hacia el cierre del encuentro, Mariana Campos (integrante del IEF) dio lectura al documento titulado El nuevo régimen en disputa y las estrategias de acción política y jurídica”, que condensa las principales conclusiones y líneas de acción acordadas:
- Petición ante la CIDH: Impulsar una solicitud de opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para delimitar conceptualmente el uso del término «narcoterrorista» en el marco normativo local.
- Construcción de datos: Fortalecer la sistematización de estadísticas para sustentar planteos jurídicos y denuncias internacionales con solidez técnica.
- Redefinición de la seguridad: Repensar las políticas de seguridad para desmilitarizar los conflictos de origen estrictamente social.
- Defensa de la calle: Reconocer la protesta en la vía pública como un espacio clave que los sectores populares deben sostener para discutir la distribución de la riqueza y poner límites a los avances represivos.
“No basta solo con un cambio de gobierno; es imprescindible reconstruir la fuerza de los sectores populares para edificar un nuevo proyecto de poder”, concluyeron los organizadores al finalizar la jornada.
Ver el informe: Monitor-IEF-CTA_1000dias-B
