En el informe del Instituto de Estudios y Formación, elaborado por José Maldonado, se explica que el Súper RIGI extiende a los centros de datos la estructura jurídica de beneficios que desde 2024 abrió la cordillera y Vaca Muerta a las corporaciones globales, impide al Estado imponer prioridades de abastecimiento interno frente a un proyecto aprobado, incluso ante una crisis de agua o electricidad, garantiza treinta años de estabilidad y arbitraje fuera del país, con protecciones que alcanzan también a capitales nacionales.
Tres comisiones del Senado tienen en sus manos los dictámenes al proyecto del gobierno de Javier Milei que promete traer al país una oleada de inversiones en inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos. La promesa tiene la misma lógica y arquitectura jurídica de exenciones que desde 2024 viene corriendo la frontera extractiva sobre la cordillera y Vaca Muerta, el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
Este nuevo régimen, bautizado Súper RIGI, todavía no consigue allanar el camino en el Congreso, donde el oficialismo no reunió las firmas para dictaminarlo: los bloques dialoguistas condicionan su apoyo a un piso de proveedores locales y a mayor integración nacional en los centros de datos.
Esa negociación se mueve en el terreno de los porcentajes y deja afuera la pregunta de fondo, qué país se está proyectando alrededor de este régimen. La discusión se produce mientras el gobierno anuncia que el RIGI original ya tiene veintitrés proyectos aprobados por casi 50.000 millones de dólares, concentrados en minería y en petróleo y gas.
El Súper RIGI extiende esa misma estructura a sectores que demandan, además de capital, tierra, agua, energía e infraestructura. El gobierno corre así la frontera extractiva más allá del subsuelo, hasta los recursos que sostienen la vida cotidiana de las localidades donde esas inversiones prometen instalarse. Es la tercera vuelta de un mecanismo jurídico que la Argentina empezó a construir hace más de tres décadas, cuando firmó decenas de tratados bilaterales para proteger inversiones extranjeras, y que en 2024 dio su salto más grande con la sanción del RIGI original.
Cada vuelta amplía el universo de capitales protegidos y el plazo durante el cual esa protección queda fuera del alcance de cualquier gobierno futuro. El Súper RIGI es el punto en el que ese blindaje jurídico empieza a disputarle al Estado la prioridad sobre recursos tan básicos como el agua y la energía.
Informe completo: Súper RIGI_ la apertura de una nueva frontera extractiva
