La secretaría de Derechos Humanos y la agencia federal Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA Autónoma, mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para coordinar acciones en conjunto con las diferentes áreas operativas en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058. Esta ley establece que la «formación profesional tiene como propósito específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa, inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científicos-tecnológicos, y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales».

Desde la Central se planteó la preocupación sobre las relaciones materiales y laborales de los internos e internas, privados de su libertad ambulatoria, y particularmente lo que tengan que ver con la educación y el trabajo, cómo columnas vertebral   de la dignidad humana.

La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones cómo a la recualificación de los y las trabajadoras internadxs y externadxs de los sistemas de encierro total, y que permitan una integración al medio libre.

El objetivo de la CTA Autónoma es coordinar con los Institutos de formación laboral en la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Trabajo, el IPFL, coordina, asiste y supervisa los 223 Centros de Formación Laboral (CFL) en la provincia, conveniados con sindicatos, municipios, cámaras empresariales, organismos públicos y entidades de la sociedad civil. Estos centros brindan a la comunidad cursos y trayectos formativos gratuitos, con reconocimiento oficial, orientados a la formación en oficios para el mundo del trabajo digno.

Se toman estos abordajes por la enorme población en contextos de encierro y post-encierro, y es fundamental la coordinación con cada Ministerio bonaerense, para llevar adelante una política que desde la central sindical CTA Autónoma, es fundamental para la vida de los internadxs y externadxs.

Participaron de la reunión: Adolfo Barja, secretario de Derechos Humanos; Gustavo Segovia responsable de la agencia federal Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA Autónoma; el abogado Marcelo Prado, perteneciente a la Secretaria Nacional de DDHH y Coordinador General del Observatorio; Liliana Meretz, Directora de Gestión de Formación Laboral del IPFL. También estuvo presente Clarisa Góngora, asesora del IPFL, por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.