El proyecto «Promover empleo decente para mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo y de inversiones en la economía de cuidado», forma parte del marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante COVID-19, y evidencia el trabajo conjunto de las agencias de Naciones Unidas y los países en contextos de crisis para alcanzar un futuro con igualdad de género.
Con la intención de compartir los resultados del programa en la Argentina, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto a referentes de diversas organizaciones sindicales y sociales de Argentina y otros cinco países, se reunieron este miércoles 17 de mayo.
En representación de la CTA participó Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización de ATE Nacional, quien destacó: “Desde nuestra Central planteamos la importancia de un diálogo tripartito, y lo fundamental que fuimos las organizaciones del campo popular durante los años de pandemia por el COVID-19”.
“Nuestras organizaciones no sólo fueron clave para la aplicación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sino que colaboramos activamente en el sistema de comedores y cuidados comunitarios en los territorios.”, agregó la dirigente.
En ese sentido, Cabezas sostuvo que “en Argentina hay iniciativas que deben ser tratadas de inmediato, como la Ley de Cuidado Integral, la cual esperamos sea el avance en el reconocimiento del trabajo de cuidados, ya que hoy no existe en términos concretos y reales como trabajo registrado”.
Actualmente, Argentina es el único país de la región que forma parte de este programa de ONU Mujeres y uno de los seis países en los que se lleva a cabo esta iniciativa que tiene tres objetivos principales: crear consenso para la adopción de políticas económicas para un crecimiento inclusivo con igualdad de género, y más y mejores empleos para las mujeres; contribuir a la adopción de políticas sectoriales que disminuyan la segregación ocupacional y sectorial, y mejoren el acceso de las mujeres a las oportunidades de trabajo decente, y asegurar la realización de inversiones en servicios, asegurando su costeo, financiamiento e implementación.
