Según denunció la organización sindical, la medida impone una licencia gremial sin goce de haberes al secretario general de APEL, David Catrihuala y a la secretaria adjunta, Layla Gironi. Además, interrumpiría sus aportes a la Caja de Previsión Social y la cobertura de la Caja de Servicios Sociales.

Para APEL, la resolución «constituye un ataque contra la representación gremial y pone en riesgo derechos laborales, previsionales y de salud» y advirtió que «se trata de una decisión de extrema gravedad institucional y sin antecedentes en la Legislatura provincial».

El sindicato también denunció «un trato persecutorio y discriminatorio contra la conducción elegida legítimamente por las bases» y remarcó que «la misma gestión anteriormente concedió licencias gremiales con goce de haberes y afectaciones a integrantes de la anterior Comisión Directiva».

Esta diferencia de criterio, sostuvo APEL, «deja en evidencia que no se trataría de una decisión administrativa general, sino de una medida selectiva contra las actuales autoridades sindicales».

La Comisión Directiva exigió la inmediata rectificación de la resolución y convocó «a todas las trabajadoras y los trabajadores legislativos a permanecer unidos, organizados y firmes en defensa de sus derechos y conquistas históricas».

Desde la CTA Autónoma Santa Cruz acompañamos a APEL y rechazamos cualquier intento de disciplinar, perseguir o debilitar a las organizaciones sindicales mediante el salario, la obra social o los aportes previsionales. ¡La libertad sindical no se negocia. Los derechos conquistados se defienden!