El ex director de YPF, Pablo González analiza el momento de la empresa nacional y los riesgos ante el fallo judicial que pretende obligar al estado argentino a desprenderse de sus acciones. González destaca que la jueza Preska aprovecha la intención del gobierno argentino de privatizar YPF, planteada en la Ley Bases.

¿Cómo analizás este último intento de quedarse con una de las joyas de Argentina?

Como todo el mundo, con mucha preocupación. Nosotros hasta fines del 2023 en realidad, ya como consecuencia de la política energética de Macri y de  los 4 años que van de 2015 a 2019 en YPF, vimos que venía perdiendo producción, invirtiendo menos. En 2020 acontece la pandemia e YPF pierde 1000 millones de dólares. A mí me tocó asumir la presidencia a principio de febrero de 2020, justo durante el proceso de renegociación de los bonos y de la deuda de YPF. Durante 2022 y 2023 los números fueron muy saludables aunque veníamos de dos contingencias judiciales, una de la época de Estensoro, que fue el presidente de YPF en la época de Menem.

¿Qué pasa cuando llega Milei?

Se encuentra con una YPF que viene de una situación de incremento de su producción, con proyectos muy significativos de infraestructura y con una situación financiera y económica bastante robusta. Sin embargo durante el primer trimestre de 2025, YPF dio pérdida aun con un aumento del 310% de los combustibles.

¿Cómo se explica que dé pérdida?

Este gobierno, por un lado, propone privatizar a YPF, pero no llega a realizarlo por la oposición que hay en el Congreso y además porque venía dando ganancia. Por otro lado, cuando se sanciona la ley bases, el título de energía de ley bases deja de lado el paradigma, digamos, del barril criollo, del cual el precio local se descuelga del precio internacional y adopta como precio para nuestro país interno el precio internacional. Con lo cual, por ejemplo, el otro día en función del conflicto entre Israel e Irán, el barril del petróleo se disparó de los 63 a unos 74 y eso sirvió como excusa para que las petroleras aumenten el precio de los combustibles en la Argentina: paga lo mismo de combustible un habitante de una provincia productora de hidrocarburos donde las empresas operan, hay contaminación ambiental, etcétera, que un habitante Uruguay que no tiene petróleo. Es decir, esto es lo que ha logrado el gobierno, una situación que es muy justa porque los argentinos tienen recursos hidrocarburíferos en su país y estos recursos son propiedad de las provincias.

¿Cómo fue el proceso de 2012?

En 2012 se sanciona la ley 26741, yo era senador nacional por Santa Cruz en ese momento. Me tocó votar la ley, me tocó hablar en aquella sesión de mayo, donde el Estado argentino toma la decisión de expropiar el 51% de las acciones clase D de YPF, que en ese momento tenía la española Repsol. Y hay tres artículos que son muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta para analizar este fallo de Presca. El primero de ellos es el artículo 8 que establece que de ese 51%, poco menos de la mitad es de las provincias productoras de hidrocarburos, que se encuentran reunidas en la OFEPE, la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos y otro 26% del Estado Nacional.

Esa ley que establece esta titularidad de las acciones de las provincias, señala que existe una sindicalización por 50 años, es decir, se tienen que poner todos de acuerdo para entregar las acciones. En segundo lugar, también dice la ley que para llevar adelante cualquier disposición de ese 51% de las acciones tiene que existir el voto de los 2 tercios del Congreso, tanto de diputados como de senadores. Esto es algo que la jueza estadounidense no puede desconocer.