La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresa su profunda preocupación y el más categórico repudio ante la aprobación de la «Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque» por parte de la Procuración General de la Nación, mediante la Resolución PGN N° 56/2026, del 14 de agosto de 2026.

Esta guía no surge en un vacío institucional, sino que se inscribe en un proceso de avance sobre derechos fundamentales que incluye la puesta en marcha de un Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE y la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional que faculta a sus agentes a realizar aprehensiones sin intervención judicial previa, todo ello agravado por las recientes manifestaciones del Presidente de la Nación, que calificó despectivamente como «terroristas» a estudiantes, periodistas, docentes e investigadores, generando un justificado rechazo por la inquietante similitud con el lenguaje utilizado por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar.

El documento, parte de una concepción del terrorismo como un proceso continuo en el que el atentado es el eslabón final de una cadena de actividades previas, y considera que tareas como propaganda o radicalización son «aportes que incrementan la capacidad operativa» de un grupo terrorista. A partir de allí, propone una matriz de indicadores ideológicos y conductuales que clasifica a las personas en niveles de riesgo. Esta definición es arbitraria porque deja al criterio del fiscal o del juez determinar qué es «radicalización» o «propaganda», sin parámetros objetivos ni control judicial efectivo, transformando la persecución penal en una herramienta de disciplinamiento ideológico.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta el 15 de agosto de 2026, el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA registró un total de 147 represiones a protestas sociales en las que fueron detenidas al menos 591 personas. Entre los casos de mayor alerta se encuentran Milton y Eneas, quienes se encuentran encarcelados desde febrero de 2026 por manifestarse contra la reforma laboral, y el de Daniel Vera, quien lleva más de un año en prisión domiciliaria en la provincia de Chaco por realizar publicaciones en contra del Gobierno Nacional. Estos casos evidencian que la persecución a la disidencia no es una hipótesis sino una práctica ya instalada.

En ese marco, el instrumento aprobado, amparado en una pretendida finalidad preventiva, incorpora al ámbito judicial criterios de evaluación de perfiles ideológicos por encima del análisis de hechos concretos, vulnerando la intimidad de las personas y habilitando acciones persecutorias contra quienes ejercen su derecho a expresar libremente sus pensamientos, convicciones y militancia. Estas prácticas estatales atentan contra las libertades que el pueblo trabajador conquistó con su lucha y su sangre a lo largo de nuestra historia democrática. No resulta casual que la difusión de esta «Guía» coincida con el impulso gubernamental a una renovada Doctrina de Seguridad Nacional, articulada en el plano internacional con lo que se perfila como un nuevo Plan Cóndor. Conocemos demasiado bien el alcance de aquella doctrina y aquel plan: miles de desaparecidos/as, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, prisiones clandestinas, apropiación de niños/as y niñas, y el exilio forzado de miles de personas. Ese pasado trágico nos interpela y nos obliga a alzar la voz para exigir la derogación de esta resolución y el abandono de cualquier política que busque imponer el miedo como mecanismo de control social.

Firman la declaración: Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA y Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios y Formación.