Las organizaciones abajo firmantes repudiamos la persecución política que lleva adelante el gobierno de Río Negro junto al Poder Judicial provincial contra el compañero Hugo Aranea, Secretario General de nuestra Central. Desde hace meses se pretende sostener una imputación sin sustento, por el delito de usurpar, contra un compañero que ha sido parte de los reclamos históricos de vivienda y barrios con dignidad; protagonizados por la mayoría del pueblo trabajador viedmense, excluido generación tras generación de tales derechos.
La acusación, además de injuriante, no deja de ser ridícula pues se presume que busca usurpar para construir una vivienda un compañero que todos sabemos que vive en otro lugar -en el barrio Santa Clara- ya que asistimos a su casa taller lxs compañerxs de las organizaciones sociales y políticas, de la comunidad ‘Pu lamuen’ y los cientos de clientes de su tapicería.
Para la fiscal Rodríguez Frandsen tampoco importa el hecho de que el terreno en cuestión es el que utilizaron las familias del barrio para construir un espacio comunitario que, entre actividades recreativas y educativas, da de comer a decenas de familias. Se busca generar un fallo para criminalizar la protesta y así desalentar la lucha por derechos fundamentales. Nosotrxs ni abandonaremos nuestros sueños ni dejaremos de abrazar las legítimas demandas de tierra, techo, trabajo y dignidad para todxs.
Una vez más reiteramos el repudio a un sector del poder judicial que es indiferente a las injusticias sociales que se ejercen sobre lxs trabajadorxs y funcional a los intereses de los sectores reaccionarios y conservadores, defensores de los privilegios del poder económico concentrado pues se ensaña contra quienes luchan por el derecho a la tierra, al territorio, a la vivienda, al trabajo genuino, por el medioambiente y por la justicia social.
En un contexto de crisis socioeconómica profunda y frente al desastre de una de cada tres familias con déficit de vivienda, la única reacción del ejecutivo provincial ha sido deslegitimar las demandas populares, criminalizar la pobreza, la necesidad y la organización desde abajo para reclamar derechos reconocidos en la Constitución Nacional, provincial y tratados internacionales. Esa exclusión y miseria que impone a las familias trabajadoras, sólo puede sostenerse con una política condenatoria y un poder judicial cómplice que criminaliza a lxs pobres y persigue a quienes se organizan para acompañar sus reclamos.
La misma represión aplican el gobierno provincial y su brazo judicial subordinado al poder contra las comunidades originarias y los colectivos medioambientales. Es evidente, que la estigmatización y criminalización no restituye derechos negados, ni soluciona la miseria y la falta de vivienda digna que sufren miles de familias. Al contrario, profundiza el incumplimiento de los derechos más elementales y violenta a lxs más vulnerables. Pero es funcional a los discursos de odio de los Bullrich, Pichetto y otros que hacen su negocio electoral y coherente con la impunidad que se le garantiza a los verdaderos usurpadores de las tierras rionegrinas como el magnate Lewis, Benetton, Roco, etc.
Si los gobiernos municipal y provincial no efectivizan políticas públicas de hábitat, dejan lugar a los atropellos como el que se produjo con la destrucción con topadoras de dos viviendas en el barrio Costa Este la semana pasada. Pero lo más grave es que condenan a la permanente precarización de sus condiciones de vida y hábitat a cientos de familias trabajadoras de nuestra ciudad. Frente a ello, y pese a la criminalización de la protesta, seguiremos organizadxs para exigir tierras para vivir y barrios con vida digna para todxs.
-Exigimos el cese de la persecución y la criminalización de la protesta al pueblo y a sus organizaciones sociales.
-Toda nuestra solidaridad con el compañero Hugo Aranea, Secretario General de la CTA Autónoma de Viedma.
-Políticas públicas para el acceso a la tierra, la vivienda, los servicios, la urbanización e integración de los barrios populares.
Mesa Local de Barrios Populares de Viedma
