En un comunicado firmado por la conducción de ambas organizaciones gremiales, FeSProSa y PAUS denunciaron que “el decreto número 8464/23 contiene una prohibición fáctica de movilizar y peticionar por sus derechos al conjunto de la ciudadanía, implantando un estado de sitio de hecho”. Y agregaron que, respecto de las y los trabajadores del sector público, “impone sanciones que pueden llegar a la cesantía por participar de movilizaciones en reclamo por sus derechos legítimos”.
“Estas medidas del gobernador, motivadas por su incapacidad de diálogo con los trabajadores de la Salud y la Educación autoconvocados, violan abiertamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y todos los convenios internacionales, entre ellos los convenios fundamentales del trabajo a los cuales estamos adheridos por mandato constitucional desde 1994. A saber, los convenios 87, 98 y 131, que garantizan el derecho a la organización y al reclamo.”, explicaron desde ambas organizaciones.
FeSProSa y su delegación Jujuy, PAUS exigieron la inmediata derogación de este decreto, e instan al gobierno provincial a establecer un diálogo de buena fe con los sectores en lucha para superar el conflicto.
