Un comando unificado de fuerzas de seguridad federales integrado por más de 250 uniformados desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

El operativo, que incluyó la detención de siete mujeres y cinco niños, lo ordenó la jueza Federal Subrogante Silvina Domínguez.

El periodista Santiago Rey, presente en el lugar, relató que tras el ingreso de las fuerzas de seguridad a la zona se escucharon disparos y gritos de integrantes de la comunidad, que se usaron gases lacrimógenos y que la prensa fue retirada a más de 200 metros del lugar, desde donde pudieron ver al grupo de mujeres detenidas. “Había más de 25 vehículos y 200 efectivos de todas las fuerzas federales”, precisó.

Diversos organismos de DDHH, y organizaciones políticas y sociales, se manifestaron en contra de este lamentable hecho que vulnera derechos y principios constitucionales.

La CTA encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy repudió el desalojo, exigió el respeto a los tratados internacionales y derechos constitucionales, y reiteró el pedido para que sean reconocidas las tierras ancestrales de las comunidades originarias.

“Nos solidarizamos con todo el pueblo mapuche, reiteramos nuestro pedido para que cese la violencia estatal y mediática, y exigimos que se respete lo estipulado por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y los convenios internacionales sobre la protección y el resguardo de los derechos de las comunidades indígenas,”, expresó la Central Autónoma.

En ese sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó que “las leyes vigentes para encauzar las demandas de las comunidades “no se aplican por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras”.

El Gobierno Nacional, a su vez, abandonó las mesas de diálogo que había iniciado con las comunidades originarias en el 2020, y hoy, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, negó la represión.

Al respecto, el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, señaló: “El Estado, en lugar de reconocer a una comunidad, va a correrla”.

“La situación es similar al 2017, con el ingreso a Villa Mascardi de las fuerzas de seguridad y la detención de las mujeres y niños. En ese procedimiento, fuimos parte y pudimos conversar con la jueza a cargo. En cambio, esta es una causa nueva y no entendemos por qué lo que era un allanamiento termina en un desalojo”, agregó con respecto al operativo.

Carriqueo también advirtió: “Esto va a poner en tensión la paz social en Bariloche y Río Negro” porque se busca “criminalizar al pueblo mapuche”

Además, el referente mapuche denunció que “hay una organización denominada ‘Consenso Bariloche’, de gente ligada al PRO, financiada por empresarios, que tienen el objetivo de financiar hechos que venimos denunciando», y que «intentan desestabilizar la democracia”.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó “su enorme preocupación” y apuntó que la gobernadora Carreras actuaba “instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar ‘Consenso Bariloche’ en donde activa la exministra de seguridad Patricia Bullrich”.

También comunidades indígenas de Río Negro, Chubut y Neuquén se pronunciaron en apoyo del lof Lafken Winkul Mapu. “Desde el territorio ancestral de la comunidad Nahuelpan, zona de El Bolsón, queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad”, expresaron en un comunicado.