Durante décadas, la versión oficial se encargó de construir un mito persistente: en la Provincia de Buenos Aires no había pueblos originarios. Esta sentencia no fue solo una omisión histórica; fue una herramienta política para invisibilizar, despojar y silenciar la preexistencia de los pueblos que habitan nuestra tierra desde mucho antes de la conformación del Estado.
“Como militante me ha tocado transitar los pasillos de la gestión educativa y los caminos del territorio, viendo cómo se nos negaba sistemáticamente la posibilidad de que la educación intercultural fuera una realidad. Durante años, fuimos relegados a ser un «área», un sector decorativo que, ante cualquier cambio de gestión, se disolvía entre el desconocimiento y el desinterés”, cuenta López Comendador.
Para Alejandra, la historia de los pueblos no se escribe en los despachos, sino en la resistencia. “Durante diez años de trabajo en la provincia, logramos demostrar que el vacío no era por falta de interés de las comunidades, sino por falta de voluntad política de las instituciones. Documentamos 65 micro-relatos de jóvenes y docentes indígenas, editamos libros —algunos en lengua originaria— y construimos redes donde no existían. Vimos a docentes descubrir, en esos encuentros, que el silencio de un alumno no era desinterés, sino una forma de respeto aprendida en la escucha ancestral”, comparte López Comendador.
Tanto para Alejandra como para Miriam Liempe, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, la educación intercultural no es un «plus» curricular sino un derecho humano fundamental. Cuando la ley no se cumple, no solo se vulnera a las comunidades indígenas; se priva a toda la sociedad de la riqueza de convivir en un marco de plurinacionalidad. Sostener la educación como una modalidad implica que la gestión esté en manos de docentes originarios, rompiendo la lógica colonial donde los «blancos» hablan sobre las comunidades, en lugar de construir con ellas.
“Hoy, desde mi rol en el Ministerio de las Mujeres y junto a referentes comunitarias, seguimos insistiendo en lo mismo: la justicia social no es completa sin el reconocimiento de nuestra identidad. El trabajo que venimos realizando sobre «crianzas ancestrales» no es un ejercicio académico; es un acto de soberanía cultural”, explica.
Alejandra tiene además un hermano desaparecido: “A 49 años de la desaparición de mi hermano, la memoria sigue siendo mi motor. En cada lucha por los derechos de los pueblos originarios, está presente la búsqueda de una sociedad que no necesite esconder su historia para poder pensarse a futuro. La pelea por una educación que nos reconozca a todos, y no solo a unos pocos, sigue siendo una deuda pendiente que, tarde o temprano, vamos a saldar”.
