Recientemente el INDEC anunció para el mes de julio una inflación de 7.5 % (acumulado año 2022 más del 46,2%); quienes vivimos en este país y principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sabemos que ese dato no se corresponde con la realidad; de los tickets de supermercado, farmacia (medicamentos) se vislumbra que la inflación supera ampliamente los datos oficiales.

Anuncios desde el Gobierno Nacional de incremento de haberes

El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un incremento en los haberes jubilatorios y pensiones del 15,53% para el próximo trimestre que comienza a regir en el mes de septiembre.

Este incremento se traduce en un haber mínimo de $43.353 y las demás escalas en proporción.

Sí, entendió bien, más del 70 % de nuestros Jubilados y Pensionados a partir del mes de septiembre tendrá ingresos de $43.353. ¿Cómo hace un Jubilado y Pensionado para subsistir 30 días, cuando la Canasta Básica de un adulto mayor se encuentra en $107.300?

Por su parte, el Ministro comunicó un Bono de refuerzo de $ 7000 para las Jubilaciones y Pensiones mínimas, por un plazo de 3 meses a cobrarse los meses de septiembre, octubre y noviembre; dicho bono decrecerá proporcionalmente hasta llegar a los $ 4.000 y reparará como tope haberes que alcancen $ 90.705 (equivalente a dos haberes mínimos), con la finalidad de compensar el ajuste por inflación, suma que sin duda será absorbida por el próximo aumento según la Ley de Movilidad a acreditarse en diciembre.

Antecedentes

Llegamos a esta situación de sufrimiento social por las políticas neoliberales que gobernaron la Argentina entre el año 2016 y 2019; por las políticas económicas tomadas durante la pandemia COVID 2020 que frenó la producción y el trabajo, y por la legitimación de una Deuda ilegal que concluyó en un acuerdo con el FMI que la va a abonar el pueblo trabajador.

Situación que no hizo más que profundizar la gravedad del empleo precario en la Argentina y sus consecuencias directas en la financiación del sistema de seguridad social.

La combinación de los factores enunciados anteriormente provocó la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, y el compactamiento de la pirámide previsional en deterioro de los haberes mínimos y principalmente de los medios y altos.

Proponemos

Primeramente, le pedimos al Estado Nacional que garantice los derechos previsionales de nuestro pueblo por sobre cualquier otro compromiso.

Concretamente le exigimos al Gobierno Nacional a fin de poder vivir dignamente y cubrir el costo de nuestra vida que:

• Restaure los porcentajes perdidos desde el año 2016 hasta la fecha, que según los economistas cuentan con un atraso que supera un 45%, para la totalidad de escalas a los efectos de ir recomponiendo gradualmente toda la pirámide previsional.
• Una vez alcanzado ese peldaño (mínimas acordes a la canasta del adulto mayor hoy en $ 107.300 y de ahí la proporción de la escala previsional), se debe avanzar estableciendo índices de movilidad que garanticen la vinculación directa entre haberes y salarios de activos (conf. Pcipios. Proporcionalidad, Sustitución y Solidaridad Intergeneracional), añadiendo una cláusula gatillo que contemple la tasa de inflación para los supuestos en que la fórmula legal de actualización deje a los haberes atrasados.
• Que sin más demoras se sancione el proyecto de ley de moratorias acercado por este colectivo que reconoce el derecho a los trabajadores y las trabajadoras de nuestra Nación, en edad jubilatoria, a regularizar los años faltantes en concepto de aportes, sin limitaciones temporales, sin distinción de género, con el único objeto de garantizar el acceso al derecho a una jubilación para el desarrollo de una adultez digna (Art. 14 Bis 3 párrafo CN).
• En forma paralela proponemos se derogue, de la llamada Ley de Reparación Histórica, el capítulo referido a la armonización “a la baja” de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación, y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que debe fortalecerse a fin que pueda cumplir las finalidades de su existencia; y reemplazar la PUAM por una Asignación Universal a los mayores de 65 años.
• Por ultimo bregamos por la normalización del PAMI, su fortalecimiento, organizado en base a la administración por los trabajadores activos y jubilados.

Como sostenemos desde hace años, resulta urgente, en este contexto, volver a poner en discusión la necesidad de una Reforma del Sistema Previsional en su conjunto (aportes y contribuciones a valores históricos) y del Sistema Tributario (impuestos directos, progresivos y redistributivos) que garantice jubilaciones y pensiones dignas, impulsando políticas de protección del trabajo digno, que generen una recomposición real del haber jubilatorio en el plazo más corto posible.

Firman:

• Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General Adjunto.

• Olivia Ruiz, Secretaria de Previsión Social.

• Noelia Guzmán, Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional.

• Graciela Iturraspe, integrante del CNJP de ATE Nacional.