Si bien es cierto que los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla fueron propuestos hace un año, la decisión presidencial esconde las verdaderas razones de por qué no fueron ratificados por el Senado. El juez Lijo recibió más de 30 impugnaciones a su designación y el juez García Mansilla, otras 20. Estas son suficientes razones y motivos para que se dude de su idoneidad para encabezar el primer escalafón judicial de la Nación.

Es por ello que el Presidente Milei debió retirar sus propuestas y no culpar al Senado de su accionar. Sin embargo, en otro acto antidemocrático y con toda soberbia, decidió pasar por encima del parlamento e insistir con estos jueces. Dicha actitud, propia de un presidente que ataca permanentemente la Constitución Nacional y los derechos de su pueblo, agrava aún más la vida institucional de nuestro país.

Advertimos a la ciudadanía que estamos ante una nueva degradación de la convivencia democrática que el Poder Ejecutivo debería promover y respetar. En cambio, evidencia una vez más una preocupante tendencia autoritaria y a la concentración del poder absoluto de la Nación. Estos nombramientos no sólo son violatorios de la Constitución Nacional    sino que tienen por objetivo evidente garantizar la impunidad del Presidente Milei y su círculo de altos funcionarios ante los procesos judiciales que ya se tramitan en tribunales locales y de Estados Unidos como consecuencia de la estafa con criptomonedas que es de público conocimiento.

Firman el comunicado, Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores y Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma.