La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores expresan su preocupación y rechazo ante las amenazas de juicio político, la denuncia por prevaricato y los cuestionamientos públicos contra la jueza Laura De Marinis, luego de que declarara la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso que involucra a un adolescente de 14 años.
Consideramos que sancionar o remover a una magistrada por el contenido de una resolución dictada en el marco de sus competencias constituye un grave riesgo para la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.
Los mecanismos institucionales de control deben garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia y no convertirse en herramientas de presión o disciplinamiento frente a decisiones que resulten políticamente incómodas.
Desde las CTA también reafirmamos nuestra posición histórica contra la baja de la edad de punibilidad. Las niñeces y adolescencias no pueden ser abordadas exclusivamente desde el castigo y el encierro. Sostenemos la necesidad de políticas de educación, salud, inclusión y protección integral de derechos.
La resolución cuestionada no establece impunidad, sino que dispone la intervención del sistema de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Expresamos nuestra solidaridad con la jueza Laura De Marinis y reafirmamos nuestro compromiso con la independencia judicial, la división de poderes y la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Hugo Godoy, Sec. Gral. CTA Autónoma
Hugo Yasky, Sec. Gral. CTA de los Trabajadores
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