Este miércoles, el vocero presidencial y candidato a legislador, Manuel Adorni, acompañado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y otros funcionarios nacionales, anunció una reforma mediante la cual se denegará el ingreso al país a toda persona extranjera con antecedentes penales. Además, la comisión de cualquier delito que conlleve una pena privativa de libertad será causal de expulsión exprés, sin importar la gravedad del hecho. También se reducirán los plazos de apelación, tanto en el ámbito administrativo como judicial, en los procesos de expulsión. El Gobierno busca presentar como novedades ciertos elementos que ya están contemplados en la ley migratoria vigente.

Sin embargo el artículo 29 de la Ley de Migraciones ya impide el ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos. Para ello existen controles migratorios en todos los pasos habilitados, tanto terrestres, como aéreos y marítimos. En general, las demoras en los procesos de expulsión no se deben a la falta de legislación, sino a plazos judiciales o trabas administrativas.

La fuente que utiliza el Gobierno, que se desconoce de dónde es, aseguró que «en los últimos 20 años ingresaron 1.7000.000 inmigrantes irregulares» y afirmó que esas personas «lejos están de venir a este país de forma honrada». «Lo que es peor hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina.», amenazó.

El discurso del Gobierno, amparado en una lógica de criminalización y estigmatización de las personas migrantes, desconoce la histórica tradición de nuestro país como tierra de acogida, fundada en valores de inclusión, solidaridad y justicia social. La afirmación de que los migrantes son responsables del colapso de los servicios públicos no solo es falsa, sino que fomenta el odio y la discriminación.

Alertamos que medidas como la deportación exprés por delitos menores, la exigencia de seguros de salud para ingresar al país, el cobro de aranceles universitarios diferenciados y el endurecimiento en el acceso a la ciudadanía constituyen un ataque directo a los derechos humanos, consagrados tanto en la Constitución Nacional, como en tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.

En relación con los anuncios sobre residencia y ciudadanía, el Gobierno afirmó que la ciudadanía solo podrá obtenerse tras dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin salidas del territorio. Se eliminarán las excepciones vigentes y se endurecerán los requisitos para acceder a la residencia permanente, incluyendo la obligación de demostrar medios de subsistencia y contar con antecedentes penales limpios.

Desde la Dirección Nacional de Migrantes de la CTA se considera que exigir a un extranjero permanecer ininterrumpidamente en el país durante dos años —sin posibilidad de salir, incluso por vacaciones, emergencias familiares u otros motivos— resulta inviable. Del mismo modo, consideramos poco realista la exigencia de un seguro médico como condición para ingresar al país.

Sabemos que las personas migrantes contribuyen diariamente al desarrollo económico, social y cultural de la Argentina. Lejos de ser una carga, son trabajadores, estudiantes, vecinos y vecinas comprometidas con este país. Este no solo nos agrede como colectivo, sino que instala un precedente peligroso para el conjunto de la sociedad: el debilitamiento del principio de igualdad ante la ley.

Hacemos un llamado a todos los sectores sociales, sindicales, académicos y políticos a rechazar esta avanzada autoritaria y a defender un país más justo, inclusivo y democrático, donde los derechos no dependan del lugar de nacimiento. Seguiremos organizándonos en unidad, porque ningún ser humano es ilegal y porque migrar no es un delito, es un derecho.