El encuentro estuvo convocado por la diputada por la Ciudad y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Victoria Montenegro, quien además es una de las Nietas recuperadas por Abuelas, y Alejandrina Barry, legisladora del FIT e hija de desaparecidos.

La conferencia de prensa, realizada en el Salón Perón de la Legislatura porteña, tuvo como finalidad denunciar el intento de desmantelamiento de la estructura del Ministerio de Defensa que se encarga de relevar y analizar los archivos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico militar.

El sector, del cual fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores, lleva adelante un trabajo clave para acceder a información, vincularla con fuentes documentales, probar hechos, identificar autores y entender lógicas represivas durante el terrorismo de Estado. Además ha realizado aportes vitales para que la justicia investigue y juzgue el accionar de los genocidas.

“Queremos denunciar el vaciamiento de un área muy sensible para el seguimiento de los juicios.”, dijo Montenegro durante la apertura.

“El Gobierno había amenazado con el indulto. Vio que no podía y entonces intenta con estas cosas para avanzar en la impunidad”, agregó Alejandrina Barry, para luego reiterar el pedido de apertura de todos los archivos de la represión.

Una de las trabajadoras del Equipo de Relevamiento y Análisis de la cartera de Defensa nacional, Angélica Enz, aseguró que esta decisión implica “una clara manifestación de que el área desaparece, y así nos lo dijeron.”.

Según las estimaciones de Enz, son 30 los informes que quedaron por responder a los tribunales. “Hay 30 causas abiertas que no van a recibir estos aportes.”, dijo.

Además, relató cual es la relevancia de la tarea realizada por el sector damnificado: “Su tarea es responder a los requerimientos de la justicia vinculados a investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos, principalmente, durante el período 76-83. Para ello contábamos con 4 oficinas relevando documentos a partir de esos requerimientos específicos. Lo que permitían estas oficinas es tener un acceso ágil a toda esa documentación porque de otra manera sería prácticamente imposible. Muchos de los profesionales despedidos tienen más de 10 años de antigüedad desarrollando esta tarea, logrando un conocimiento técnico muy específico, lo cual implica un daño muy grande en términos de los aportes que se pueden hacer”.

Por su parte, la Directora de DDHH de la CTA Autónoma, María José Cano, presente en la conferencia de prensa, señaló: “Allí estuvimos junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, ante una embestida más por parte del gobierno a la política de memoria y de derechos humanos.”.

“Tenemos un gobierno, y no nos cansamos de decirlo, que reivindica la dictadura, que acaba de plantear la reconciliación con las fuerzas armadas, y que ahora pretende poner fin a la desclasificación y acceso a los archivos de la fuerza del período más nefasto de nuestra historia reciente, cuando aún sigue en los pendientes la apertura de más archivos.”, sumó Cano.

Durante la conferencia de prensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S Capital firmaron una declaración que advierte que “la decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”.

En tanto, el pasado miércoles 3 de abril fue presentado en el juzgado de Daniel Rafecas un amparo contra el cierre del área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. La solicitud fue hecha por los abogados querellantes en juicios de lesa humanidad Pablo Llonto y Mariana Maurer.