El equipo del Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la Central y responsables del El Monitor de respuestas represivas estatales o paraestatales a la protesta social en la Argentina de la CTA participaron ayer de una reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre la represión en la movilización por la ley de tierras, vinculado a la propiedad privada y regímenes rurales. Fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados Nacionales, a través de su presidente Diputado Nacional Horacio Pietragalla Corti.

Se trató de una jornada informativa sobre la brutal represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante la movilización del 6 de agosto, y participaron también organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, trabajadores de prensa y personas que fueron detenidas arbitrariamente.

Durante el encuentro se expusieron testimonios y registros que volvieron a mostrar la gravedad del operativo: personas heridas, impactos de balas de goma, gases y detenciones cuando la movilización ya se estaba desconcentrando.

Entre los hechos denunciados se encuentra el accionar del comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, quien participó del operativo vestido de civil, sin uniforme ni identificación oficial, portando una escopeta y disparando contra los manifestantes. Su actuación fue denunciada penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria.

Participaron y expusieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, CORREPI, ARGRA, APDH,  el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, entre otros organismos y organizaciones que documentaron y acompañaron a las víctimas de la represión.

La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, por su parte, se comprometió investigar estos hechos, ejercer el control que le corresponde al Congreso y exigir explicaciones a quienes dieron las órdenes y condujeron el operativo. En ese marco se interpelará a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva para que dé explicaciones de los hechos. La violencia institucional y la represión de la protesta social no pueden convertirse en una práctica habitual.