Gisela es trabajadora judicial y fue despedida en marzo de 2021 del Superior Tribunal de Justicia cuando estaba siendo dispensada de la presencialidad por tener a su cuidado a su hija en medio de la crisis sanitaria. Asimismo fue en momentos donde estaban prohibidos los despidos y en medio de denuncias por violencia laboral por parte de las y los trabajadores de los juzgados laborales.

El despido se produjo tras ser acusada de ausentismo cuando estaba adherida a las medidas de fuerza convocada por SITRAJUCH por tres meses de salarios adeudados. Asimismo Gisela sufrió violencia de género en el ámbito laboral, violencia institucional, simbólica y mediática, por un poder judicial que, además, la difamó públicamente.

“Cuando comenzó la pandemia mi hija tenía un año y a mi compañero lo consideraron esencial por su trabajo en telefonía. Yo jamás dejé de reportar mi situación, conocida por mi jefe y mis compañeros, ya que hace más de 11 años que trabajo en el juzgado”, cuenta a ACTA Clavio e informa: “Se me imputaron faltas justificadas en medio del inicio de la pandemia, se me armó un expediente lleno de mentiras porque jamás se me convocó a una guardia mínima”.

En este sentido Gisela cuenta que la acusan de no haber enviado un correo cuando las conversaciones venían siendo a través de WhatsApp: “La verdad es que fueron meses muy duros desde lo económico, y yo amo mi trabajo, y siempre di lo mejor, y me dejan cesante por haberme ausentado 28 días que estaba al cuidado de mi hija y además del paro convocado por SITRAJUCH”.

Marisol Carmona, una de las abogadas de Gisela, informa que hoy se presentó una demanda contenciosa administrativa, “en la que pedimos que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del acuerdo que determina la cesantía de Gisela, porque se han negado los derechos del proceso, el derecho a huelga y el derecho a vivir sin violencia, que ocurrió en medio de una pandemia, con muchos decretos vigentes tanto del Gobierno nacional, como del Gobierno provincial”.

Además informó que “hay pruebas de que ella sufría acoso laboral, de que sus ausencias estaban justificadas y de que jamás se negó a acceder a una capacitación”, explicó la abogada que también presentó un pedido para que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo “se la reincorpore a su situación laboral”.

Claudia Barrionuevo, Secretaria Adjunta de la CTAA Chubut, agregó: “Gisela es una compañera judicial, trabajadora del juzgado laboral de Trelew desde hace 11 años, que ha estado adherida a los paros que el SITRAJUCH convocaba por el atraso en el pago de los salarios”, dijo y agregó: “se le reclama por supuestas faltas injustificadas, pero en realidad la compañera está siendo castigada por maternar en pandemia”.