El balance de la política represiva sobre la protesta social bajo el Gobierno de Milei da cuenta de un uso intencionado, planificado y sostenido de la violencia como mecanismo de disciplinamiento social.

Los datos relevados por el Monitor de respuestas represivas de la CTA contabilizan al menos 147 represiones estatales a la protesta en todo el país, en las cuales intervinieron tanto fuerzas federales como provinciales con una fuerte presencia de represiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El conjunto de los eventos represivos analizados se reportan al menos 5141 personas heridas con distintos grados de gravedad. La evolución anual muestra un crecimiento sostenido toda la serie con un marcado incremento en los primeros 8 meses de 2026.

Entre los casos que a resaltar por su gravedad, se encuentran 6 personas que han perdido la visión de uno de sus ojos producto del uso de balas de goma y/o lanzagases en las siguientes protestas: Matías Aufieri, Ley Ómnibus, Congreso de la Nación, febrero de 2024; Claudio, en un reclamo de movimientos sociales por la entrega de alimentos, en la avenida 9 de Julio, en abril de 2024; Jonathan y Rodrigo, durante la protesta de hinchas y jubilados, en marzo de 2025; Marcelo, en una protesta de municipales de Hipólito Yrigoyen, Salta, agosto de 2025; y el caso de Lucas, quien perdió la vista de uno de sus ojos durante la protesta contra la reforma laboral el 11 de febrero de 2026.

Por último, se destaca el caso de Pablo Grillo, que aún no cuenta con una resolución judicial que determine los responsables que pusieron en juego su salud y su vida durante las jornadas del 12 de marzo de 2025.

La represión a los/as jubilados/as fue una política sostenida contra una población en situación de mayor vulnerabilidad, que reclama por sus ingresos y sus medicamentos. La agresión de las fuerzas de seguridad ha sido casi una constante en las protestas de los miércoles en el Congreso de la Nación, semana tras semana, con una presencia siempre desproporcionada de efectivos en relación con la cantidad de manifestantes.

Entre septiembre de 2024 y julio de 2026 se registraron 35 jornadas de represión a movilizaciones de jubilados y personas de la tercera edad, con un saldo acumulado de 1603 personas heridas y 164 detenidas.

Si se observan los casos de mayor cantidad de heridos en las represiones a las protestas de jubilados y jubiladas, vemos que en seis jornadas, ocurridas entre el 11 de septiembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025, se concentran el 70% de las 1630 personas heridas. 

En los 1000 días del Gobierno de Javier Milei se registraron al menos 762 personas detenidas por protestas y/o por estar organizadas. El 20 de diciembre de 2023, 10 días después de la asunción, se relevaron las primeras detenciones en el marco de una protesta social. Este tipo de hecho se repitió a lo largo de casi todos los meses en todo el país, con claros eventos de detenciones masivas en algunas protestas y un incremento sostenido de las detenciones totales durante el último año y medio.

Otro rasgo de los hechos de detención es que la amplia mayoría (78%) se desarrolló en el marco de 72 represiones a la protesta social.

En materia de la distribución geográfica de las detenciones, nuevamente existe una fuerte presencia en el territorio de la CABA, que es donde se desarrollaron los episodios más extensos y en donde se dieron detenciones masivas. En estos 1000 días fueron detenidas al menos 395 personas en 48 episodios.

En el resto del país, se registraron 367 detenciones en 19 provincias que ocurrieron en 77 eventos.

Otro dato saliente es el registro de casos de extensión en los tiempos de detención de manifestantes o militantes por participar de protestas o pertenecer a una organización popular. En este sentido, el Monitor de respuestas represivas registró al menos 13 casos de personas que fueron detenidas desde 10 hasta 450 días, tres de ellas hoy no están en libertad.

Resulta fundamental hacer una mención especial a las detenciones de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, presos por luchar contra la reforma laboral. Ambos llevan más de 7 meses detenidos en el penal de Marcos Paz. Sus detenciones se dieron en el marco de una campaña mediática de la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en donde difundió el rostro de distintas personas acusadas de terroristas. Medidas similares las de la ex ministra de seguridad, actual senadora, Patricia Bullrich que acusó de terroristas a decenas de manifestantes.

Ambos detenidos se encuentran en permanente acompañamiento de distintas organizaciones del campo popular que reclaman su libertad; desde la Comisión por la Libertad a lxs presxs por luchar, se tejen redes de colectas de alimentos y otros productos para poder acercarles a Marcos Paz, así como visitas a Milton y Eneas. La exigencia de la liberación de ambos es también una forma de defender el derecho a la organización y a la protesta que el Gobierno atacó en forma sistemática, motivo por el cual los acusa de terrorismo en pos de deslegitimar cualquier acción de resistencia y rebeldía frente al ataque de las condiciones de vida de la clase trabajadora.