El Encuentro Nacional de Salud, que tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre, contó con tres mesas de debate («⁠Salud y política: de Trump a Milei – el conflicto en las calles»; «La crisis sanitaria – indicadores y resistencias»; «Argentina 2027 – perspectivas e incertidumbres») y talleres sobre soberanía sanitaria y acceso a los medicamentos, salud mental, condiciones de trabajo, cuidados y mucho más.

El Encuentro fue un éxito rotundo, con la participación de más de 500 referentes y destacados invitados internacionales. Asistieron trabajadoras y trabajadores del primer nivel de atención, de hospitales (nacionales, provinciales y municipales), de residencias y de equipos comunitarios; organizaciones de personas afectadas por distintas problemáticas de salud; redes de usuarios del sistema público; asociaciones de profesionales y técnicos; trabajadoras comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas y de base, entre otros colectivos comprometidos con la defensa de la salud pública. Todos ellos participaron del Encuentro.

Del rico debate que surgió en las mesas y los talleres, se llegó a la siguiente declaración final:

«Argentina atraviesa un proceso de profundo desfinanciamiento del sistema público de salud, acompañado por el avance de la privatización y la mercantilización de la atención. Este escenario amenaza con profundizar las desigualdades sociales y territoriales, debilitar las redes públicas y comunitarias de cuidado y transformar progresivamente la salud, de un derecho humano fundamental, en una mercancía.

En el plano internacional, es urgente que el gobierno respete las obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. El acuerdo con EE.UU. contiene disposiciones que modifican de manera sustantiva el sistema jurídico argentino en materia de propiedad intelectual, con un impacto negativo directo en el acceso a medicamentos, ya que afecta la sostenibilidad del gasto público en salud, la producción nacional y pública de medicamentos genéricos, la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Frente al deterioro del sistema público de salud, sostenemos que es indispensable recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Exigimos:

1. Fortalecimiento del sistema público de salud con el financiamiento por rentas generales recomendado por OPS del 6% del PBI para la inversión en salud pública de Nación, Provincias y Municipios. No al arancelamiento y la privatización.

2. Trabajo digno y fortalecimiento de los equipos de salud. Reclamamos la reincorporación de las personas despedidas, el pase a planta permanente del personal precarizado y salarios y condiciones de trabajo dignas, con prevención del desgaste laboral. Asimismo, exigimos el reconocimiento profesional, laboral y salarial de enfermería y el fortalecimiento de las residencias, como componentes esenciales de un sistema de salud de calidad. En ese camino peleamos por la prórroga y plena vigencia de la Ley de Emergencia Pediátrica.

3. Acceso universal a medicamentos, tratamientos y tecnologías sanitarias. El Estado debe garantizar la disponibilidad continua y el acceso oportuno a medicamentos, vacunas, insumos y tratamientos, con especial atención a las personas que dependen de la provisión pública. Esto requiere fortalecer la producción pública de medicamentos, las capacidades regulatorias nacionales y las políticas de prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica.

4. Reclamamos el fortalecimiento de las áreas y los programas nacionales de salud, en particular aquellos vinculados con el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, las hepatitis virales, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, las violencias por motivos de género, la discapacidad y los cuidados. La distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios debe estar acompañada de recursos suficientes, asistencia técnica y mecanismos de coordinación que eviten desigualdades territoriales y discontinuidades en la atención.

5. Salud integral y protección de derechos. Exigimos políticas públicas que aborden los determinantes sociales de la salud y garanticen el acceso a la atención sin discriminación por motivos económicos, sociales, de género, discapacidad o condición migratoria. Esto supone fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud, la atención comunitaria y las prestaciones necesarias para garantizar la autonomía, la dignidad y la continuidad de los cuidados.

6. Es necesario reinstalar y garantizar el financiamiento sostenido del Programa REMEDIAR sostenido por ley, asegurando el acceso gratuito y continuo a medicamentos esenciales, particularmente para las enfermedades crónicas, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel.

7. Luchamos por Soberanía sanitaria y regulación efectiva de los actores privados: prepagas, aseguradoras, industria farmacéutica y establecimientos de atención. Defendemos la capacidad del Estado para regular las actividades empresariales que inciden sobre el derecho a la salud. Fiscalización y reglas claras para pre pagas y Obras Sociales, con trasparencia de precios y cobertura. Peleamos por superar la fragmentación del sistema de salud en el camino de un sistema único que garantice acceso universal y salud gratuita para toda la población.

8. Cooperación internacional y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Reclamamos una política sanitaria internacional basada en la cooperación científica y técnica, el intercambio de información epidemiológica y el fortalecimiento de las capacidades públicas.

No a la salida de la OMS. No a los acuerdos de patentes con EE.UU. NO al PCT.

Exigimos el respeto de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la protección de los servicios y trabajadores sanitarios en contextos de conflicto y el cumplimiento efectivo de las leyes que garantizan derechos y prestaciones de salud.

Estas propuestas requieren un modelo político que garantice políticas públicas sostenidas, presupuestos adecuados, transparencia en la gestión y mecanismos de participación y rendición de cuentas. Para ello proponemos y exigimos publicación periódica de las estadísticas sanitarias, de la ejecución presupuestaria en salud con monitoreos ciudadanos a partir de espacios formales con incidencia real.

Finalmente, sabemos que tenemos que profundizar esta unidad en la diversidad que logramos en la perspectiva de un Espacio Federal Permanente. Unidad entre nosotras y nosotros y con todo el pueblo trabajador en defensa de un derecho fundamental: la salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas».