Este miércoles 17 de mayo, la titular de la regional Mendoza y referente de ATE, Romina Castro, fue notificada sobre su imputación por participar en un plan de lucha de más de 80 días, llevado a cabo el año pasado, por mejores salarios y condiciones dignas de trabajo.
Además, también fueron imputados representantes gremiales del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, entre los que se encontraban su secretario General, Roberto Macho, y su Adjunta, Adriana Iranzo.
Desde ATE Mendoza advirtieron en un comunicado que esta decisión de la justicia, bajo presión del Estado provincial, vulnera el derecho a manifestarse, el cual está garantizado por la Constitución nacional, pactos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales.
La propia Romina Castro relató el flagelo que se vive en su provincia a partir de la persecución que ejerce la gestión de Rodolfo Suarez sobre los representantes sindicales y sociales: “Utilizan un artículo del Código Procesal Penal que habla del entorpecimiento del libre tránsito terrestre, el cual fue impulsado por el gobierno de facto de Onganía”.
“Claramente el actual gobierno provincial busca limitar la libertad de expresión y el derecho del pueblo a manifestarse”, advirtió la dirigente.
Castro señaló en ese sentido que el mandato de Suarez pretende castigar y amedrentar para limitar la lucha del movimiento obrero: “En Mendoza existe un atropello a la actividad sindical en defensa de trabajadores y trabajadoras en tiempos de democracia”.
Y concluyó: «La justicia mendocina continúa actuando acorde a los intereses del gobierno de turno, que tiene como slogan de campaña ‘en Mendoza no hay piquetes’, lo que es una clara muestra de la criminalización de la protesta social en la provincia”.
