Desde la denuncia efectuada el pasado 12 de junio por la comitiva de la CTA Autónoma, que viajó a Ginebra para la edición anual de la Conferencia Internacional del Trabajo, la represión y la violación de derechos en la provincia de Jujuy se hicieron visibles para el sindicalismo global.

El texto detallaba los alcances del conflicto que aún perdura en la provincia de Jujuy, y las peligrosas consecuencias que pueden acarrear las modificaciones realizadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones.

En simultáneo, la Central encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy libró una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para lograr “la intervención y que se expida con carácter de urgente por lo que acontece en Jujuy”.

Tras la mencionada denuncia que instaba a la intervención del director General de la OIT, Gilbert Houngbo, la CTA de los Trabajadores y la CGT efectuaron presentaciones de similares características durante los días posteriores.

Luego, precisamente el 26 de junio pasado, la Confederación Sindical Internacional (CSI), haciéndose eco del camino iniciado por la CTA Autónoma, también pidió la “intervención urgente ante el gobierno de la República Argentina en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades provinciales durante la protesta pacífica en Jujuy”.

En la carta, la CSI hace referencia a la información recibida por las organizaciones sindicales y sociales de la Argentina, cuestiona la reforma constitucional impuesta por Gerardo Morales por no haber sido “debidamente consultada con los pueblo indígenas de conformidad con las normas internacionales”, y recuerda que según el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, “los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que las autoridades competentes reciban instrucciones adecuadas a fin de eliminar el peligro que entraña el uso de una violencia excesiva al controlar manifestaciones que puedan dar lugar a una alteración del orden público”.

Ante las denuncias receptadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le realizó una consulta formal al gobierno argentino en relación a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en Jujuy, en el marco de las protestas realizadas por diversos sectores contra la reforma de la Constitución provincial.

La respuesta del gobierno argentino a la OIT se concretó el pasado 13 de julio, cuando se comprometió a tomar intervención “en el marco de sus competencias delimitadas por el sistema federal de gobierno, en aquellas cuestiones planteadas por los manifestantes –que hacen al avasallamiento de diversos derechos consagrados constitucional y convencionalmente- con el fin de promover y garantizar la paz social”.

Además, la respuesta incluye la ratificación del pedido que el propio Estado Nacional llevó adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad de la reforma y la denuncia penal contra el gobierno de Morales ante la feroz represión.

Recientemente, la CTA Autónoma también elevó una solicitud ante el máximo tribunal de justicia para que se suspenda la modificación de la Constitución jujeña, y presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas que protejan los derechos de quienes “se encuentran en situación de riesgo de privación ilegal de la libertad, con motivo de la persecución política, el hostigamiento y la  criminalización en su contra”.

Hoy, la Central es parte de la Comisión de Solidaridad con el pueblo jujeño, integrado por diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y de DDHH; envió una comitiva encabezada por su Secretario General a Jujuy en el marco de la marcha por la Noche del Apagón; y respalda la caravana de los pueblos originarios, identificados como el Tercer Malón de la Paz, que el próximo 1 de agosto acamparán frente a la Corte Suprema y el Congreso de la Nación.