En diciembre del año 2017 el macrismo impulsó y votó la modificación del proyecto de ley que regulan los fondos que integran el llamado Fondo de Fomento Cinematográfico -asignaciones específicas y direccionadas para el sector audiovisual y otras industrias culturales-, que entraría en vigencia en diciembre de este año. Realizadores, productores y artistas reclaman una prórroga a estas asignaciones, ya que de no modificarse a tiempo peligra el 80% de los ingresos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es quien los regula para mantener tanto la calidad como la cantidad de las producciones locales.

Se trata del 25% de los recursos que llegan a través de los impuestos que los canales pagan al ENACOM por emitir películas locales, y que lo sostienen con la publicidad que venden en el mercado. En tanto que las entradas de los cines representan el 20% del financiamiento de INCAA. Con la pandemia los cines se cerraron y ese 20% se perdió. Ahora peligra el otro 80%, y con eso toda la producción cinematográfica local.

“Esto nos ha puesto una falta de respaldo completa a nuestras producciones, mantenimiento de salas, el desarrollo de nuestras escuelas; y elimina la posibilidad de realización de producciones con respaldo del INCAA, ya que estamos ante la posibilidad de que el instituto no tenga fondos”, explica el documentalista Adrian Jaime, quien además dirige la cooperativa de trabajo audiovisual Sulky.

El dinero que ingresa al INCAA es el que permite el financiamiento concreto, la autarquía y, fundamentalmente, la independencia económica a la hora de producir soberanamente y para sostener las escuelas de cine que dependen del Instituto: “Acá tenemos un problema serio de soberanía cultural, audiovisual y política”, remarca Jaime y recuerda una experiencia similar en la década de los ´90: “Con Cavallo pasó lo mismo, perdimos la autarquía y terminamos haciendo 4 películas al año. Es una experiencia que ya tuvimos. Se convierte en un cine totalmente elitista, donde los canales son socios de las películas grandes que se hacen y pierden el resto de las producciones”.

Ante el crecimiento del flujo de las plataformas de streaming, y las formas de producción que imponen al tener recursos en dólares, el fortalecimiento del INCAA es clave: “Tenemos que pensar qué modelo de país queremos y qué realidades queremos mostrar en nuestras pantallas. Tenemos una ficción muy reconocida mundialmente por mostrar la realidad en la que vivimos en nuestro país”, expresó.

Lucha, organización y propuestas

Desde distintos sectores de la industria cinematográfica local se está trabajando coordinadamente para que el Congreso nacional trate y apruebe un proyecto de ley que permita prorrogar por varios años las asignaciones direccionadas y así darle continuidad al Fondo de Fomento Cinematográfico, reconocido mundialmente. El impuesto a los canales seguirá cobrándose, pero las asignaciones específicas son las que están en discusión.

“Estamos tratando de sumar a todos los sectores políticos, entidades y organizaciones para evitar este colapso de la producción audiovisual, y éste es un momento decisivo. Necesitamos evitar que en diciembre de 2022 se materialice esto, porque nosotros ya estamos produciendo para los años venideros.”, explica Jaime.

El documentalista también explicó que entre las principales propuestas para sostener y ampliar el financiamiento del cine nacional se encuentra el pago de un nuevo impuesto a las plataformas de streaming, y que esos recursos sean dirigidos al fomento de la producción local, y no quedar sujetos a las lógicas. “Esto triplicaría los recursos del INCAA, pero además nos permite no quedar sujetos a lógicas que vulneren la soberanía audiovisual argentina”, afirma.

Otra opción es el redireccionamiento de una parte de los impuestos que ya se les está cobrando a las plataformas para el sostenimiento de INCAA: “Pero fundamentalmente es necesaria la inmediata articulación del INCAA con el Ministerio de Cultura. No puede ser que funcionen dicotómicamente. Nosotros abogamos por una coordinación y unificación en ese sentido, y una participación del espacio productivo en las decisiones y en el proyecto que se decida implementar”, reclamó.