El Senado de la Nación retomará el 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el Gobierno de Javier Milei que propone eliminar los límites vigentes para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Ese día, las organizaciones se movilizarán en todo el país en defensa de la soberanía del agua y de la tierra.

Tanto Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, como Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, así como el diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria de diputados y las organizaciones coincidieron en la urgente necesidad de luchar contra el avance de la extranjerización de la tierra, que conlleva la persecución de los pueblos originarios, así como la entrega de la soberanía en todas sus formas.

Lo que las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos, reunidas ayer en la Central advierten, es la pérdida de soberanía que significaría la modificación de la Ley 26.737, que establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal o departamental. Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30%. La ley también restringe a mil hectáreas la superficie que puede obtener un mismo titular extranjero. Además, limita la compra de inmuebles rurales que tengan en su interior o limiten con cursos de agua y con zonas de seguridad de frontera.

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, precisó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. Esa superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra. Pero la preocupación no se relaciona solamente con la cantidad de hectáreas sino a que muchas de las tierras están en áreas de frontera, en territorios cordilleranos con recursos minerales, en regiones cercanas al río Paraná, en reservas de agua dulce y en zonas de bosques nativos.

El agua vale más que el oro

Durante la reunión, las dos Centrales y las organizaciones sociales alertaron también sobre lo que pasaría si se hiciera efectiva la privatización de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos). Actualmente, AySA brinda agua potable a más de 11 millones de personas y servicio de cloacas a más de 10 millones en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. La preocupación mayor es que con la privatización se corte el servicio por falta de pago de un bien que es considerado un derecho humano indispensable para garantizar la vida.

El proyecto del Gobierno es vender el 90% de las acciones. Lo peligroso es quien gane la concesión la tendrá por 30 años, con posibilidad de que se prorrogue 10 años más.

Aysa nació en 1912 como un ente estatal y en los ’90 fue privatizada y quedó en manos de la empresa francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, bajo el nombre de Aguas Argentinas. En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado volvió a tomar el control. Las organizaciones sociales y territoriales todavía recuerdan lo que quedó de la privatización: entre 1993 y 2002 las tarifas residenciales aumentaron 88,2%, mientras que la inflación minorista acumuló un 7,3%. Pero además no se cumplió con las obras de infraestructura, esenciales para la vida como las ampliaciones de las redes cloacales y hubo altísimos niveles de nitratos y contaminación con arsénico en el agua suministrada en algunas zonas del conurbano bonaerense.

“Cada una de las acciones sectoriales que desarrollamos integran un plan de lucha que rechaza en su totalidad toda esta política económica, social y de entrega colonial que está llevando adelante el gobierno de Milei”, concluyó Godoy.