Este miércoles se realizó en la sede de CONADU una conferencia de prensa para denunciar el avance gubernamental sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, profundizando el saqueo y la entrega de los bienes comunes naturales.

Se trata de una convocatoria conjunta por parte de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que resisten la extranjerización y los desalojos que pretende realizar este gobierno. “Es una ley que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y recursos naturales, al vulnerar y atacar el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos, y limitar la capacidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país.”, denunciaron.

Asimismo, informaron que el proyecto afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad, “poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas”.

En este sentido, afirmaron que la medida es “parte de un engranaje sistémico de entrega que comprende los proyectos de Ley de Lobby, el Super RIGI y la nueva Ley de Sociedades; un entramado que implica la pérdida de soberanía nacional y la vulneración de derechos humanos”.

El Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, estuvo presente en la conferencia y declaró: «El proyecto de ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’ del oficialismo no es más que un intento de revivir el DNU 70/23 para derogar la Ley de Tierras. Buscan eliminar el derecho a la tierra comunitaria y entregar nuestro territorio a la extranjerización, vulnerando los límites vigentes en áreas estratégicas y de frontera. No olvidemos que este artículo ya fue frenado por la Justicia mediante una cautelar por inconstitucionalidad, impulsada por los excombatientes de Malvinas. Intentar aprobar en el Congreso lo que ya fue declarado inconstitucional es un escándalo”.

“Estamos ante un gobierno que destruye la Constitución de facto, gobernando a fuerza de decretos para imponer una reforma constitucional encubierta. Ante esto, la rebelión popular es un derecho legítimo. Debemos masificar la movilización para que, si estas leyes se aprueban, sean anuladas de raíz, tal como hicimos en su momento con las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) para juzgar a los genocidas.”, afirmó Godoy.

En el mismo sentido, indicó que: “La batalla se da en el Congreso, pero se define en la calle, con una sociedad consciente que defienda su soberanía, sus bienes comunes y los derechos de la naturaleza. Celebramos este encuentro multisectorial donde confluyen sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y la Iglesia, representada hoy por la Pastoral Social a través del obispo de Chascomús. Como trabajadoras y trabajadores organizados, nuestra tarea es unificar los reclamos en un plan de lucha contundente. El horizonte cercano debe ser una gran Marcha Federal y un Paro Comunitario Nacional para plantarle cara al plan de saqueo, entrega y desnacionalización de Milei y sus aliados norteamericanos».

Además de Hugo Godoy, por parte de la CTA Autónoma asistieron: Miriam Liempe (Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios), Francisca “Paquita” Staiti (Secretaria General de CONADU Histórica), Néstor Rojas (director de Organización), Sergio Val (de Che Pibe) y Alejo Fardjoume (delegado de ATE Parques Nacionales). Se destacó también la participación de Ernesto Alonso (del CECIM La Plata), Juan Ignacio Liébana (Obispo de Chascomús y representante de la Pastoral Social) y Gervasio Muñoz (de Inquilinos Agrupados), entre otros y otras.

Tras la conferencia, la CTA, junto a organizaciones de la comunidad, defensores del medio ambiente, pequeños productores, comunidades originarias, referentes de la iglesia y de la comunidad educativa, estuvo presente en la reunión informativa de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Principales puntos del proyecto

• Capítulo I: Expropiaciones y regularización dominial. Restringe el poder expropiatorio del Estado al exigir que la utilidad pública sea específica y proporcional. Amplía la indemnización incorporando el lucro cesante, el valor de mercado y la actualización por IPC hasta el pago efectivo. Prohíbe transferir el dominio sin un pago íntegro previo y limita la ocupación temporánea a 90 días, prorrogables sólo ante emergencias objetivas.

• Capítulo II: Desalojos y locaciones. Elimina las pocas garantías que los inquilinos e inquilinas pueden utilizar para defenderse en un juicio de desalojo. Suprime la posibilidad de que los locatarios salden la deuda para evitar quedarse en la calle. Generaliza el proceso sumarísimo para todos los desalojos, habilita la entrega inmediata del inmueble y codifica la intimación previa de 10 días antes de demandar por falta de pago en locaciones habitacionales.

• Capítulo III: Tierras rurales. Si bien mantiene la prohibición de adquisición por parte de estados extranjeros y personas jurídicas bajo su control, el problema de la extranjerización en nuestro país no responde a tierras compradas por estados soberanos, sino fundamentalmente a la venta a empresas o ciudadanos particulares que residen fuera de nuestro territorio. En ese sentido, la ley deroga las restricciones más importantes de la Ley 26.737: el límite del 15% a nivel provincial o subprovincial (con un máximo de un 30% por nacionalidad), la restricción de un máximo de 1000 hectáreas por sociedad o capital extranjero en la zona núcleo, y los límites para que los capitales extranjeros adquieran zonas ribereñas o espejos de agua. En términos de soberanía, el proyecto deroga el corazón de la Ley de Tierras, exponiendo el territorio nacional a ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, lo que agrava la situación en zonas de frontera, áreas ribereñas, reservorios de agua dulce y regiones con acceso a recursos minerales fundamentales. Además, deroga el artículo 4 del decreto ley 15.385/44, que declaraba “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos” y permitía al Poder Ejecutivo Nacional declarar la utilidad pública y expropiar dichos bienes.

• Capítulo IV: Manejo del fuego. Uno de los puntos más críticos es que elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en zonas de vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias tras incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. De esta manera, habilita el cambio de uso de suelo para fines comerciales y acota la restricción únicamente a los bosques protegidos por la Ley de Bosques Nativos (26.331) y a los bosques no productivos abarcados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal (13.273). Esta iniciativa del Gobierno Nacional complementa las medidas en contra de los pueblos indígenas, en tanto los criminaliza y aumenta los conflictos territoriales, vulnerando el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional. Cabe recordar que ya se eliminó el RENACI, se desmanteló el INAI y se derogó la Ley 26.160 que suspendía los desalojos, poniendo incluso en cuestión los relevamientos territoriales ya finalizados.