La Medida de la Justicia Federal ordenó la paralización total del inicio y la ejecución del proyecto petrolero «León Marino» (Sea Lion), el cual pretendía desarrollarse sobre la plataforma continental argentina. La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto en el marco de una acción preventiva de daño ambiental impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el (CECIM) La Plata.
«Es una muy buena decisión porque deja claro que esa exploración petrolera cruza negocios millonarios y provocaría un desastre ambiental que puede sobrevenir a todo esto si no se cumplen con las normativas que Argentina tiene vigentes», expresó el excombatiente Antonio Marcilese, director de Políticas Soberanas de la CTA e integrante del CECIM La Plata.
El dirigente también valoró la dimensión política de la cautelar: «Estamos muy contentos por esta medida y esto no sería posible sin el apoyo de nuestra CTA. Es un estímulo para seguir luchando por proteger la soberanía argentina y, por sobre todas las cosas, nuestros bienes comunes y recursos no renovables como el petróleo. Pero también, en este caso, se encuentra en juego gran parte de la futura economía de de la República Argentina», explicó.
De este modo, la medida cautelar prohíbe a la empresa británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited avanzar con perforaciones, instalación de infraestructura submarina, unidades flotantes, obras terrestres y portuarias, así como cualquier actividad de explotación comercial de hidrocarburos. Esta suspensión regirá hasta que se cumpla con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la ley de nuestro país, reafirmando la soberanía y la aplicación obligatoria de la legislación nacional en los espacios marítimos del Atlántico Sur, independientemente de los permisos otorgados por el gobierno de ocupación inglés.
Como parte de la resolución, la Justicia requiere información del entramado del proyecto, imponiendo a las empresas un plazo de diez días judiciales para presentar, bajo declaración jurada, información exhaustiva sobre el estado del proyecto, cronogramas, contratistas, estructura societaria y los bancos, fondos de inversión o aseguradoras que financian la iniciativa. Asimismo, se ordenó la preservación íntegra de toda la documentación técnica y financiera.
Finalmente, el Juzgado de Mariel Borruto requirió informes urgentes a distintos organismos del Estado nacional: a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental sobre antecedentes de trámites, a la Secretaría de Energía sobre la situación administrativa de las firmas, y a la Cancillería para precisar si existió algún tipo de autorización oficial o registro de sanciones e investigaciones vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la zona circundante a las Islas Malvinas.
