Un contingente referentes de distintas comunidades de pueblos originarios de la Provincia de Salta, tras infructuosas gestiones a nivel provincial y nacional, decidieron realizar una “Caminata a Buenos Aires” como forma de visibilizar la grave situación social que atraviesan y para presentar un pedido de audiencia al presidente Alberto Fernández. Fueron recibidos en la sede nacional de la CTAA por el secretario General de la CTAA Ricardo Peidro, junto a la secretaria de Relación con los Pueblos Originarios Miriam Liempe, el secretario Gremial Daniel Jorajuría y el secretario de Organización «Beto» González.
“Arrancamos la caminata el 5 de julio y llegamos a Buenos Aires el 28 y lo hacemos porque ya no podemos soportar tanta discriminación y olvido”, expresó a Acta Reinaldo Rolón, dirigente del pueblo Guaraní. Rolón denunció el desprecio del gobierno salteño por los derechos de las comunidades y afirmó que “no se respeta nuestros derechos laborales, no podemos acceder a la vivienda, nos desalojan o impiden el acceso a la tierra. Sufrimos todo tipo de atropellos y hasta asesinatos de nuestros hermanos. Muchas de nuestras familias viven permanentemente con la angustia del hambre porque no llega la asistencia alimentaria a nuestras comunidades o se ven obligados a emigrar a la periferia de las ciudades”.
Por su parte Rosa Molloja, del pueblo Kolla, dio cuenta de una serie de gestiones ante las autoridades: “En marzo de 2020 tuvimos una reunión en Desarrollo Social con el ministro Arroyo para plantear la situación social dramática en la que estaban los hermanos, con muertes de niños por desnutrición. Allí formamos una mesa con referentes indígenas, funcionarios y organizaciones con el fin de promover el acceso al agua, los alimentos, la tierra. Pero la verdad es que de todo eso sólo pudimos avanzar en lo que tiene que ver con la realización de los DNI para algunas de las comunidades. El resto quedó en promesas y, por la falta de documentos, los hermanos y hermanas no pueden acceder a ningún programa social”. Rosa también denuncia la falta de acceso a la comunicación, sin internet ni computadoras, lo que impide realizar cualquier trámite de acceso a planes de asistencia social.
Timoteo Segundo, de la comunidad Toba del municipio de Embarcación también relató un cuadro similar: “Nosotros tenemos los mismos problemas y necesidades. Los más graves son la falta de acceso al agua, a los servicios de salud y a la asistencia alimentaria del Estado. A nosotros no nos llegan los recursos que destina el gobierno nacional ni ningún tipo de plan de asistencia social. Las familias de nuestras comunidades pasan todo tipo de necesidades y tenemos desnutrición infantil muy grave. El gobierno de Salta no hace nada y nos obliga a venir acá hacernos oír. Hace 500 años que nos arrancaron nuestros territorios y el Estado nacional hace 200 años que nos ignora y que tenemos muertos por defender nuestra tierra y nuestros derechos. Nuestros abuelos dieron la vida por tener nuestro territorio es hora que digamos ya basta”.
La secretaria de Relación con los Pueblos Originarios Mirian Liempe destacó el compromiso de a Central de “acompañar a los hermanos en todos sus reclamos y hacer un seguimiento de sus gestiones. Desde la Secretaría vamos poniéndonos al servicio de estas luchas”, afirmó Liempe. En el mismo sentido se manifestó Peidro y ratificó la plena disposición de la Central a sostener la lucha por los derechos legítimos de los pueblos originarios.
Salta es la provincia argentina con mayor cantidad de pueblos indígenas. En ella habitan los pueblos TOBA, GUARANI, CHANE, CHOROTE, TAPIETE, CHULUPI, WICHI, DIAGUITA CALCHAQUI y KOLLA.
«Durante muchos años, se ha planteado a las autoridades de todos los niveles para que las comunidades se queden en sus territorios y la única forma es que se cumpla nuestros derechos que establecen los artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional, la ley 24071 del convenio 169 de la OIT y otra ley 23302 que declara de interés Nacional de apoyo a las comunidades aborígenes para su plena participación en el proceso de desarrollo económico y cultural a través de planes y programas específicos de recursos naturales de producción, vivienda, salud, educación, etc. Además, tener plena contemplación de las leyes de pertinencia: ley 26206 que establece la educación intercultural bilingüe en los niveles de educación inicial, primario y secundario, ley 26160 que impide los desalojos, mensuras y estudios de los títulos, obligando al Estado a mensurar y dar los títulos comunitarios que se viene demorando más de una década razón por la cual los integrantes de las comunidades indígenas se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades que viven en condiciones miserables o por necesidad extrema proceder a la toma de tierras para su supervivencia», expresa uno de los documentos presentados por las comunidades a las autoridades.
