El lunes 5 de mayo, el Gobierno consiguió dictaminar su propuesta de Régimen Penal Juvenil en un plenario de Diputados. La iniciativa, redactada entre el PRO y La Libertad Avanza, contó con apoyos del radicalismo y de la Coalición Cívica para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
En entrevista con el programa ¿Dónde están las feministas?, Omar Giuliani, Secretario General de la Fenat y militante por los derechos de las infancias y adolescencias, señaló que “una sociedad que plantea encarcelar a niños de 13, 14 o 15 años como política pública está hipotecando su presente y su futuro”.
¿Cómo se está tratando el tema de la baja de la edad de punibilidad?
Cuando el gobierno retomó el debate el año pasado, recordé que llevamos casi 20 años resistiendo esta propuesta. Cada ciclo electoral resurge, junto con la construcción de un «enemigo». En 2009, durante el gobierno de Daniel Scioli, ya escribí una nota titulada «Venganza de clase», donde denunciaba esta misma idea.
Una sociedad que plantea encarcelar a niños de 13, 14 o 15 años como política pública está hipotecando su presente y su futuro. Pero, sobre todo, está promoviendo una dinámica social basada en la violencia y la crueldad. Solo imaginar a un chico de 13 años en una cárcel, sometido al poder de la injusticia y tratado como un adulto, revela la miseria moral de quienes lo proponen.
Cuando hablan de castigar a niños, en realidad se refieren a los pibes y pibas de las familias trabajadoras, de los barrios empobrecidos, a quienes ya sufren las consecuencias de políticas excluyentes. Son las mismas víctimas del saqueo del FMI durante la dictadura en los ´70, del Consenso de Washington en los 90, y de las políticas neoliberales de Macri y Milei. Primero nos empobrecieron, ahora quieren encerrarnos.
¿Por qué crees que resurge este debate?
Es evidente que la conflictividad social aumenta en los barrios cuando no hay salidas. ¿Qué horizonte tienen los pibes que crecen en condiciones miserables? Comen mal, viven hacinados, sin acceso a derechos básicos, con una educación pública desfinanciada y sin contención. Y ante cualquier reacción, en lugar de soluciones, proponen balas y cárcel. Curiosamente, los mismos que promueven este proyecto son los que avalan las políticas que nos trajeron a esta realidad de pobreza y exclusión.
Además, bajar la edad de punibilidad viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección a la niñez y derechos humanos, que Argentina ha firmado. Estos pactos establecen que las leyes deben ser progresivas (ampliar derechos), nunca regresivas (eliminarlos).
¿Cuál debería ser el enfoque del Estado?
La discusión central es cómo y cuándo interviene el Estado ante un conflicto. Si un pibe comete un delito, debe recibir un tratamiento acorde a su edad. El sistema penal no puede ser la respuesta; debe actuar el sistema de promoción y protección de derechos, para sacar a ese niño de esa situación y ofrecerle una alternativa. La pregunta es: ¿Qué herramientas usamos para ayudarlo, en lugar de castigarlo?
¿Existe realmente una ola de delitos cometidos por menores?
No. La participación de menores de 16 años en delitos graves es ínfima, menos del 1%, y en provincias como Buenos Aires incluso va en descenso. Sin embargo, algunos medios sobredimensionan estos casos, agitando el fantasma de la «peligrosidad de las infancias» como forma de control social. El sistema penal se convierte así en un garrote disciplinador para los más vulnerables.
¿Qué hay detrás de esta agenda?
En esta etapa del capitalismo periférico y financierizado, donde el empleo no crece y la producción para el mercado interno se aleja, parece que el mensaje es claro: «Como no habrá trabajo, preparamos las cárceles para cuando se rebelen». Quieren asociar pobreza con delito, pero el verdadero crimen en Argentina es que 7 de cada 10 pibes sean pobres.
