«Detrás de un delito ambiental siempre está la corrupción», aseguró el Fiscal Gómez en la apertura del encuentro formativo. Gómez, que actúa en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, expuso sobre algunos de los casos más relevantes en donde participó proponiendo un abordaje jurídico – político, donde la utilización de la herramienta de la Justicia Penal es parte de la acción que emprende la comunidad para defenderse de la depredación del extractivismo megaminero.
El fiscal Gustavo Gómez lleva adelante la acusación contra la explotación minera que realiza la empresa La Alumbrera de Catamarca. La imputación es por graves episodios de contaminación en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, provincias que recorre el concentrado de minerales que es extraído y exportado en bruto desde puertos santafesinos. Para la acusación, el fiscal Gómez cuenta con la ayuda de las poblaciones afectadas en forma directa, organizaciones no gubernamentales, trabajadores de la empresa e investigadores particulares.
Minera La Alumbrera es una empresa de capitales mixtos, donde el Estado nacional tiene el 50% de las acciones y el resto está integrado por capitales suizos y canadienses. La causa es por delitos de contaminación ambiental con metales pesados sobre la cuenca del río Salí Dulce y lleva ya más 10 años. La Alumbrera afirma que invirtió 6.000 millones de dólares en Catamarca, “razón por la cual cuesta mucho que avance porque las alianzas políticas-económicas aquí no reconocen partidos políticos.”. afirmó el Fiscal y señala que, “este tipo de delitos también son delitos de Lesa Humanidad».
«¿Cuál es el problema que da origen a la contaminación?: ¡Que las empresas ganan plata con la contaminación! Y si más contaminan, más ganan. En el medio, los grandes capitales en juego promueven la corrupción.», denunció el Fiscal y abogó por «buenos jueces y fiscales para ponerle freno. Porque la contaminación es consecuencia de la permeabilidad del sistema de Administración de Justicia y de la tolerancia de los otros poderes del Estado». Destacando también la necesidad de «no estar a la defensiva mientras se están vulnerando nuestros derechos. Por eso la querella contra estas empresas es muy importante y el Sistema de Administración de Justicia va a estar de nuestro lado si se lo exigimos.», aseguró.
“Los querellantes en la causa penal demuestran que efectivamente los directivos de estas empresas son penalmente responsables por los crímenes ambientales. Por otro lado, es particularmente importante que el fallo tenga en cuenta la bioacumulación como proceso degradante y de riesgo para la salud pública.”, agregó el representante del Ministerio Público.
Del Encuentro participaron dirigentes y dirigentas de la CTA como Miriam Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios; Ernesto Ojeda, Secretario General de FeTARA; y Serio Val, Dirección de Medio Ambiente, entre otros.
