En las últimas horas, el Tribunal de Villa La Angostura resolvió el sobreseimiento de varios integrantes de la Comunidad Mapuche Paichil Antriao que estaban siendo juzgados por el presunto delito de usurpación de tierras. El fallo marcó un nuevo capítulo en un conflicto de larga data que involucra a la comunidad indígena, empresarios con intereses inmobiliarios, y autoridades municipales y provinciales.
El caso se originó en febrero de 2023, cuando un grupo de hombres ingresó a territorios reivindicados por la comunidad mapuche para realizar tareas de demarcación. Según testimonios del juicio, algunas de esas personas estaban vinculadas a un proyecto de equinoterapia que pretendía desarrollarse en el lugar. La comunidad mapuche respondió al ingreso exigiendo el retiro inmediato de los presentes, lo que derivó en una denuncia por presuntas amenazas y usurpación.
Durante el proceso judicial, el abogado defensor Luis Virgilio Sánchez, Vicepresidente de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, cuestionó duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes. En su alegato, Sánchez sostuvo que los acusados “no cometieron el delito que aquí se les enrostra, sino que además han sido ellos las víctimas de aquellos acontecimientos”. La defensa presentó pruebas y testimonios que, según argumentó, demostraron que quienes se presentaron como víctimas no tenían títulos válidos sobre las tierras en cuestión, ni vínculos reales con el territorio.
Uno de los ejes del alegato se centró en las inconsistencias documentales de los denunciantes. El escribano propuesto por la fiscalía no pudo explicar cómo José María Paichil habría vendido las tierras en 1969 si, según la documentación aportada por la defensa, ya había fallecido. Esa irregularidad fue presentada como prueba de una operación fraguada de traspaso de tierras en perjuicio de los pueblos originarios.
El juicio también estuvo atravesado por un fuerte componente discursivo. Sánchez denunció un trato discriminatorio hacia la comunidad por parte de algunos de los testigos y de la querella. Aseguró que durante las audiencias se utilizaron expresiones como “malón”, “pseudo mapuche” y “terroristas”, y afirmó que fue necesario solicitar la intervención del magistrado para que esas expresiones fueran retiradas del debate.
Para la defensa, los acusadores actuaron con intereses particulares y no como víctimas genuinas. “Es evidente que tanto el Sr. Farmentano, el Sr. Galli, el Sr. Dino y el Sr. Razzone, eran socios de un proyecto que pretendían llevar adelante en tierras que la comunidad mapuche Paichil Antriao ocupa y reivindica como propias.”, sostuvo Sánchez durante el juicio. Cuando se les consultó quién financiaba ese proyecto, respondió que finalmente se reconoció la participación de empresas como Madanes Quintanilla, el Grupo Aluar y petroleras, lo cual, según la defensa, reforzó la sospecha de que el trasfondo era económico.
Uno de los momentos más resonantes del juicio ocurrió cuando el Sr. Farmentano, uno de los principales impulsores del proyecto cuestionado, respondió a la pregunta de quién vivía en el territorio en disputa con la frase: “Ahí no hay nadie”. Para Sánchez, esa afirmación resume la mirada de sectores que “desconocen la existencia misma de la comunidad mapuche” y actúan en base a un paradigma racista donde “los nadie no tienen derecho”.
Desde la Gremial de Abogados celebraron el fallo como una victoria significativa en el marco de la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios. Sánchez, quien ya ha estado involucrado en otros casos de alta sensibilidad social como la desaparición de Sergio Ávalos, volvió a estar en el centro de una batalla judicial marcada por intereses políticos, económicos y territoriales.
El sobreseimiento fue leído por los involucrados como un revés judicial para quienes impulsaban el desarrollo de proyectos privados sobre tierras en conflicto. Sin embargo, el propio comunicado de la Gremial advierte que “habrá montones de batallas más” y que esta resolución no pone fin a los conflictos por el territorio. Señalan que la criminalización de las comunidades originarias sigue siendo una práctica vigente en muchos sectores del Estado y del Sistema Judicial.
Fuente: www.bariloche2000.com
