«Creemos que todo análisis serio confirmará la necesidad de garantizar un ingreso digno para los miles de compañeros y compañeras que trabajan en emprendimientos productivos, tareas de cuidado, cooperativas, merenderos y comedores. El relevamiento, además, posibilitará medir el extraordinario aporte de la economía popular, a pesar de todo lo que falta en materia de políticas públicas y reformas estructurales imprescindibles para avanzar más allá de la simple subsistencia.
«Nos llama la atención que, una vez más, se ponga la mira sobre los empobrecidos por el sistema y no en los evasores y saqueadores de siempre. Se hará un mayor bien a nuestra sociedad si se controla también la súper explotación de nuestros bienes comunes y los que producimos socialmente porque las organizaciones sociales estamos lejos de ser responsables de la inflación, el vaciamiento de las arcas públicas, la pobreza y la indigencia. Lo que se debe enfrentar, con firmeza y convocando a la participación popular, es el accionar desestabilizador de las empresas formadoras de precios, de los agro-negocios y los especuladores financieros.
«Creemos necesario resaltar que la sospecha y el acoso permanente sobre los compañeros y compañeras beneficiarios de programas sociales forma parte del accionar neoliberal, que pide mano dura para los más débiles, mientras que justifica la desigualdad que generan los poderosos que acumulan y fugan dinero. Pero también resulta paradójico porque este posicionamiento es abiertamente contradictorio con los principios que aspira representar este gobierno.
«En este contexto reafirmamos la necesidad de un Salario Universal que garantice un piso digno para los trabajadorxs más empobrecidos. Se tendría que emprender una profunda reestructuración de la matriz productiva y de la distribución del ingreso, que termine con la desigualdad social, el extractivismo, el deterioro del ambiente y de nuestra vida teniendo como eje orientador la soberanía nacional y la generación de trabajo de calidad y con derechos.
«Insistimos en exigir políticas públicas que reconozcan derechos a nuestro pueblo y un control exhaustivo para poner fin a los privilegios de los sectores responsables de la tragedia social que vivimos en los territorios».
