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Los sindicatos fijan posición frente a la crisis climática

Nadie puede ignorar el impacto que el cambio climático y la crisis social, económica y sanitaria propiciada por la pandemia de Covid 19 tiene hoy sobre el bienestar humano.
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No puede negarse que la situación crítica que presenciamos hoy golpea desigualmente, exacerbando los desequilibrios antes existentes en el acceso a un trabajo digno, salud, vivienda, alimento. Pero contra todo fatalismo y resignación, la urgencia nos presenta la oportunidad para discutir, demandar y crear las condiciones para un cambio en el modelo social y económico que nos ha empujado a este escenario.

Encontrar una respuesta a este dilema que enfrenta la sustentabilidad de nuestras sociedades requiere de la participación protagónica de las y los trabajadores y sus organizaciones como agentes de cambio.

La necesidad de disponer de un marco y estrategia de acción frente a los efectos del cambio climático no es una novedad en la política internacional. En 1992 se adoptó Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), base de las iniciativas para responder al cambio climático y sus consecuencias. Sirvió como puntapié para la adopción del Protocolo de Kyoto en 1997 y desde entonces ha propiciado esfuerzos comunes entre gobiernos, instituciones científicas y civiles. La Conferencia de las Partes (COP), conformada en 1995, es su instancia máxima de decisión para orientar estos esfuerzos internacionales, está compuesta por todos los Estados miembro. Este año tendrá lugar su encuentro número 26 en Glasgow, Escocia.

La urgencia es evidente, pero también la dificultad para generar una respuesta efectiva ante el recrudecimiento de la crisis ambiental.

Precisamente, los fallos y limitaciones demostrados hasta ahora por las políticas de respuesta y contención del cambio climático han puesto de relieve los límites del modelo de “economía verde” aún regido por las lógicas y valores neoliberales centrados en la acumulación y concentración de ganancias por intereses privados. Esa es la posición marcada por Sindicatos por la Democracia Energética (TUED, por sus siglas en inglés) una alianza internacional que viene coordinando encuentros e iniciativas para dar forma a una propuesta estratégica que contemple la experiencia, necesidades e intereses del movimiento de trabajadores organizado a nivel global. Su conformación es parte de la apuesta creciente por parte de los sindicatos para reclamar un lugar donde el mundo del trabajo pueda expresar su voz ante esta situación. Con ese fin, a lo largo de este año vienen teniendo encuentros temáticos para condensar estos debates en una propuesta alternativa de cara a la COP 26. También se organizarán movilizaciones y una cumbre alternativa en Glasgow durante la misma jornada en la que estarán reunidos los representantes de gobiernos.

Es que en la elaboración de la hoja de ruta para paliar los efectos dañinos del cambio climático, los aportes de la comunidad científica y académica se ven opacados por los intereses privados de empresas transnacionales y los promotores del paradigma neoliberal. Si los modelos de desarrollo capitalista perseguidos hasta ahora son en gran parte responsables de la debacle ambiental, hoy gran parte de esos mismos intereses buscan mostrar que las lógicas de producción y concentración de riqueza pueden ser compatibles con la sustentabilidad del planeta. Confían que la descarbonificación de la economía y la producción, que la vuelta hacia las energías renovables puede ser una oportunidad de negocios para unos pocos mientras los costos del calentamiento global son sentidos por las grandes mayorías.

El hecho es que las políticas para apaciguar las emisiones de carbono son cada vez menos eficientes. Las hojas de ruta, plazos y objetivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono son cada vez más agresivos, pero su implementación es cada vez más difícil y las metas dispuestas para 2030 y 2050 cada vez más irreales. Desde TUED se señala que precisamente la raíz de ello está en los enfoques cortoplacistas de un “neoliberalismo verde”. Privilegian la acumulación privada por sobre el bienestar humano, no solo no cuestionan sino que alientan la creciente privatización y con ello la precarización de más áreas de la vida, mientras la gestión y posesión común de lo público es hecha a un lado y el rol de los Estados es desmantelado.

TUED busca conformar una propuesta estratégica, una alternativa viable y humanista que se apoye en un cambio tan radical como necesario de las lógicas que han dominado el modelo actual de producción, distribución y concentración de riqueza. Una propuesta que contemple los desequilibrios entre las economías altamente industrializadas y aquellas del Sur Global; que esté centrada en la importancia de recuperar el carácter público de la energía como un bien común, entendiendo el acceso a un ambiente sustentable como un derecho humano. Si la crisis sanitaria propiciada por el COVID 19 y la crisis ambiental expresan las falencias del enfoque privatista, la recuperación de esta situación debe ser genuinamente popular, centrada en garantizar el bienestar de las personas.

El paso de lo meses confirma la urgencia de producir una respuesta creativa y radical al cambio climático; la prolongación y exacerbación de incendios, sequías y temperaturas extremas tienen un impacto directo sobre la salud humana. La deforestación, extinción masiva de especies, y el ascenso del nivel del mar amenaza directamente la sustentabilidad de la vida, especialmente de los sectores más expulsados por el modelo de desarrollo capitalista. Ello reclama esfuerzos para coordinar, diagnosticar y repensar todo un modo producir, consumir y vivir.

TUED busca que las y los trabajadores tengan un lugar protagónico en este escenario. Por eso realizó este miércoles el “Foro Global: COP26 en Glasgow, Escocia: ¿qué quieren los sindicatos?”, del que participó la CTA Autónoma, a través de su secretario de Relaciones Internacionales Adolfo Aguirre.

Expusieron Sean Sweeney, Coordinador de TUED; Roz Foyer, Secretaria General del Congreso de Sindicatos Escoceses (STUC); Sam Mason responsable de Políticas en el Caucus Sindical de la Coalición COP26; Mika Minio-Paluello, responsable de Políticas, Clima e Industria de la Trade Union Congress (TUC) del Reino Unido; Bárbara Figueroa, Secretaria de Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de las Américas (CSA); Alana Dave, Directora de Transporte Urbano de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF); y David Boys, Secretario Adjunto de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

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