«Allí denunciamos un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical, apuntando a un reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle.

«Estos ex-funcionarios pusieron en palabra lo que las patronales hacen a diario: acción antisindical, persecución a delegados, políticas extorsivas de desafiliación; todo bajo la idea de que el mejor sindicato es el que no existe.

«Actos como estos buscaban desacreditarnos frente a la sociedad, para luego encarcelarnos y someter a nuestras organizaciones al chantaje y a la pérdida de derechos. Constituían una verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, funcionarios del poder judicial y patronales, junto a la complicidad de sectores de la prensa hegemónica.

«Para nuestra Central, hechos de esta gravedad institucional atacan seriamente la democracia, no pueden quedar impunes y deben ser sancionados con el máximo de las penas.»

Firman el comunicado:

Ricardo Peidro, secretario General.

Hugo Godoy, secretario Adjunto.

Claudia Baigorria, secretaria Adjunta.