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Los ataques de gravedad institucional a la democracia requieren el máximo de las penas

La filmación de la reunión entre funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), funcionarios de la ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el intendente platense, agentes de inteligencia, empresarios de la construcción y funcionarios judiciales donde se acordaban estrategias de persecución y criminalización de dirigentes sindicales confirman las denuncias efectuadas por nuestra CTA Autónoma junto a las demás centrales argentinas en el año 2017, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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«Allí denunciamos un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical, apuntando a un reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle.

«Estos ex-funcionarios pusieron en palabra lo que las patronales hacen a diario: acción antisindical, persecución a delegados, políticas extorsivas de desafiliación; todo bajo la idea de que el mejor sindicato es el que no existe.

«Actos como estos buscaban desacreditarnos frente a la sociedad, para luego encarcelarnos y someter a nuestras organizaciones al chantaje y a la pérdida de derechos. Constituían una verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, funcionarios del poder judicial y patronales, junto a la complicidad de sectores de la prensa hegemónica.

«Para nuestra Central, hechos de esta gravedad institucional atacan seriamente la democracia, no pueden quedar impunes y deben ser sancionados con el máximo de las penas.»

Firman el comunicado:

Ricardo Peidro, secretario General.

Hugo Godoy, secretario Adjunto.

Claudia Baigorria, secretaria Adjunta.

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