«Repudiamos enérgicamente el anteproyecto presentado por el diputado Miguel Ángel Pichetto que busca derogar el decreto 805 del año 2021 que prorroga la Ley de Emergencia Territorial, la ley 26.160.

«Esta normativa ha sido un instrumento importante para frenar los desalojos de las comunidades que habitan estos territorios hasta que se efectivicen los relevamientos de los territorios indígenas, a la vez que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país. Así mismo, también suspende la ejecución de sentencias judiciales, actos procesales y administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de nuestros pueblos y ordena realizar un relevamiento técnico jurídico y catastral de las comunidades.

«Alertamos que el avance de este proyecto de ley significa amenaza seria sobre nuestros derechos y un alarmante peligro de que especuladores inmobiliarios y del agro concreten su intento de despojarnos de nuestras tierras ancestrales. Sería un gran retroceso para las comunidades que han avanzado sobre el reconocimiento de sus derechos, como dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, donde se admite la pre existencia de los pueblo originarios,  lo que estimularía la conflictividad en todo los territorios donde habitan desde antes de la fundación del país.

«Por el contrario, reclamamos que se continúe el diálogo conducente a resolver los conflictos sobre los territorios de los pueblos originarios, como reclaman también organismos nacionales e internacionales y que la ley 26.160 sea efectiva, continuando el relevamiento territorial de las comunidades de todo el país».

«Por último, alertamos que estas actitudes promueven el odio y generan climas propicios para la violencia como lo ocurrido con la vandalización del Monumento al Indio, monumento en memoria al Malón de la Paz ubicado en la ciudad de Buenos Aires.»

Miriam Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios.

CTA Autónoma.