La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos presentó este lunes 13 en el anexo de la Cámara de Diputados su Informe FINAL Mision Peru 2023 «Violación de los Derechos Humanos en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023», donde se concluye que en Perú el régimen que preside Dina Boluarte es, sencillamente, una dictadura que ejerce una feroz represión en un intento por ahogar con violencia los reclamos populares por la vuelta al Estado de derecho.
La Misión recorrió Lima, Ica al sur de Lima, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Recibió testimonios directos de familiares de las víctimas y de dirigentes sociales perseguidos, recogieron pruebas que documentan, «los casos de detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y degradantes que ha podido recabar la Misión hasta la fecha se cuentan por centenares», que se expresa en el informe, a la vez que ofrece «un reservorio documental y audiovisual a disposición de futuras instancias nacionales o internacionales de protección». Los integrantes de la comisión también insisten en señalar la ilegalidad de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo y denunciaron la complicidad del poder judicial con el régimen de Boluarte y «falta de las garantías mínimas de un Estado de derecho».
La CTA integra la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, conformada por un equipo multidisciplinario de referentes defensores de derechos humanos y de organizaciones populares de la Argentina, que ya realizaron la misma experiencia en lugares como Bolivia, Colombia y Ecuador. El propósito es la presencia en zonas de conflicto para acompañar a la población civil pacíficamente movilizada, víctima de represión generalizada y sistemática por fuerzas policiales o militares del Estado. Entre sus integrantes se encuentran organizaciones como Liberpueblo, APDH, XUMEK, Frente Patria Grande, Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Popular la Dignidad, SIPREBA, ATE, CTA Autónoma y Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.
«Es muy importante para nuestra Central la participación en esta Misión», afirmó la directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE-CTA, María José Cano y destacó que «es la máxima expresión de fraternidad que desde los trabajadores y trabajadoras podemos brindar: La solidaridad de clase”. Cano, parte de la Misión de la visita a distintos territorios de Perú entre los días 7 y 13 de febrero, insistió en que «no podemos estar ajenos dadas las gravísimas violaciones que constatamos y que se relatan en este informe. Desde la política de derechos humanos de la CTA, debemos estar atentos por los pueblos hermanos pero también en nuestro país ya que es clara las amenazas que aparecen cada vez que la voz del pueblo se hace escuchar».
Estuvo presente en apoyo a la Misión, el secretario General de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy junto a la secretaria de Organización de ATE, Mercedes Cabezas, además de un conjunto de referentes de la comunidad peruana en Buenos Aires. También, dirigentes como Juan Marino, Juan Grabois, Marianela Navarro, Gozalo Armua, Fernando Almejun, Pablo Garciarena y Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo.
