Ante la brutal avanzada represiva que Jorge Macri está desplegando sobre los barrios populares de la Ciudad bajo el nombre de “tormenta negra”, la Dirección Nacional de migrantes y refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, a cargo de Yolanda Moreno y Adolfo Barja, denuncia que la persecución no es seguridad, ni prevención, ni lucha contra el narcotráfico sino una clara “operación de disciplinamiento social contra lxs pobres, lxs migrantes y quienes sobreviven trabajando en las calles”.
La semana pasada, más de 1500 efectivos policiales irrumpieron en los barrios populares con armas largas, controles arbitrarios, requisas ilegales y persecuciones armadas bajo excusas construidas para la televisión: “venta ambulante”, “control migratorio”, “desorden urbano”, “guerra contra el narco”. Pero mientras montan este circo represivo en las villas, los grandes negocios del narcotráfico, la trata, la especulación inmobiliaria y el lavado de dinero siguen funcionando con total impunidad.
“Quieren instalar que el enemigo es el mantero senegalés, la trabajadora boliviana, el pibe de la villa, la feria popular, la familia migrante que vende comida para sobrevivir. Mientras persiguen pobres para las cámaras y militarizan los barrios populares, garantizan un modelo económico que destruye salarios, expulsa trabajadorxs y transfiere riqueza hacia los sectores más concentrados del poder económico”, dice Moreno. Y explica que la crisis económica actual en Argentina no es una crisis para todos. Mientras millones ven derrumbarse sus condiciones de vida, un puñado de bancos, fondos financieros, corporaciones energéticas, exportadoras y grupos concentrados multiplica ganancias extraordinarias gracias a la especulación, la desregulación y el saqueo. El ajuste no fracasa: funciona exactamente para quienes gobiernan y se enriquecen con él.
“Por eso necesitan construir enemigos internos. Necesitan que la bronca social no apunte contra quienes fugan riquezas, despiden trabajadorxs o hacen negocios con el hambre, sino contra quienes venden en una feria, trabajan en la calle o migraron para sobrevivir. La criminalización de la pobreza y de la migración cumple una función política precisa: proteger privilegios desviando el conflicto hacia abajo”, detalla Yolanda.
Mientras tanto, la realidad social se vuelve cada vez más brutal. Más del 40% de lxstrabajadorxs en Argentina sobreviven en la informalidad, sin derechos laborales ni protección social. Cerca de 9 de cada 10 trabajadorxs de la economía popular ganan menos de tres salarios mínimos, es decir, ingresos que siguen estando muy por debajo de lo necesario para sostener alquiler, comida, transporte, medicamentos y servicios básicos para una familia. Millones de personas trabajan jornadas completas sin llegar siquiera a cubrir necesidades elementales. Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza.
El salario mínimo perdió alrededor de un 38% de su poder adquisitivo y hoy se encuentra muy por debajo del costo real de una canasta familiar. Mientras el salario mínimo apenas ronda cifras de supervivencia, una familia necesita más de un millón de pesos mensuales para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre lo que se gana y lo que cuesta vivir se volvió directamente insoportable para millones.
A la vez, se multiplican los cierres de pequeños comercios, talleres y emprendimientos populares en los barrios. Miles de pequeñas y medianas empresas bajaron sus persianas en medio de la caída del consumo, los tarifazos y la recesión. Allí donde antes había trabajo precario hoy directamente hay desempleo, rebusque permanente y expulsión social.
Incluso en la ciudad más rica del país crece de manera alarmante la cantidad de personas en situación de calle. Organizaciones sociales denuncian que ya son miles las familias que sobreviven durmiendo en veredas, estaciones o refugios saturados mientras el gobierno responde con desalojos, persecución y limpieza social del espacio público.
Y frente a este escenario social explosivo, la respuesta del gobierno no es trabajo, vivienda ni derechos: es policía, controles migratorios, operativos masivos y ocupación territorial.
“Lo que llaman “orden” es hambre organizada. Lo que llaman “control” es persecución política y racial. Lo que llaman “seguridad” es ocupación policial de los territorios populares. Denunciamos especialmente el uso del “control migratorio” como herramienta de terror estatal. Quieren convertir el color de piel, el acento o los documentos en motivo de sospecha permanente. Buscan instalar la idea de que migrar es delito y que la pobreza merece castigo”, explica Moreno.
Y enmarca esta situación dentro de la ofensiva global de las derechas contra los pueblos migrantes y trabajadores del mundo: “Desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina, los gobiernos del ajuste utilizan el racismo y la xenofobia para dividir a quienes sufren las consecuencias de un sistema económico cada vez más violento y excluyente. Cuando destruyen salarios, recortan derechos y multiplican la pobreza, necesitan culpables visibles. Por eso persiguen a lxs migrantes. Porque somos el blanco fácil de campañas mediáticas miserables que buscan ocultar quiénes son los verdaderos responsables del saqueo”.
“Lxs migrantes no vinimos a robarle nada a nadie. Vinimos a trabajar. A construir. A cuidar. A sostener esta ciudad que después nos persigue y nos desprecia. Construimos edificios, limpiamos hospitales, cocinamos, cuidamos niñxs y adultxs mayores, levantamos ferias, reciclamos, producimos y hacemos funcionar gran parte de la economía popular que mantiene viva a Buenos Aires. Y ahora quieren militarizar nuestros barrios para mostrar “autoridad” en la interna miserable entre el macrismo y el mileísmo. Compiten por quién reprime más fuerte, quién humilla más pobres y quién convierte antes a las villas en territorios ocupados. La Villa 31 fue el laboratorio. Ahora buscan extender el modelo represivo a toda la Ciudad. No vienen a resolver la pobreza. Vienen a administrarla mediante el miedo. No vienen por el delito. Vienen por el territorio. Vienen por el control social. Vienen por el negocio inmobiliario. Vienen por la expulsión silenciosa de lxs pobres de la Ciudad”, dice Yolanda.
Y explica que una sociedad empobrecida pero organizada representa un peligro para quienes gobiernan en beneficio de los de arriba. Porque una ciudad pensada para los negocios necesita esconder a quienes el propio sistema condena a la precariedad. Y advierte: “esta escalada represiva sólo va a producir más violencia, más muerte y más odio social. Están jugando deliberadamente a encender un conflicto para justificar todavía más represión. Necesitan disciplinar el hambre antes de que el hambre se organice”.
Frente a esta avanzada represiva “llamamos a las redes villeras, sindicatos, organizaciones migrantes, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, asambleas barriales, centros culturales, cooperativas y espacios populares a construir una respuesta organizada, unitaria y sostenida en las calles, en los barrios y en los lugares de trabajo. No alcanza con denunciar. Tenemos que organizarnos para impedir que sigan convirtiendo la pobreza en delito y los barrios populares en territorios ocupados. Convocamos a impulsar asambleas barriales, redes de alerta comunitaria frente a los operativos represivos, acompañamiento jurídico y de derechos humanos, ollas populares, acciones callejeras, movilizaciones y articulación permanente entre organizaciones sociales, sindicales y migrantes para enfrentar el avance del racismo, la xenofobia y la militarización de la vida cotidiana”.
Agenda común y urgente
— Fuera las fuerzas represivas de los barrios populares.
— Basta de persecución a trabajadorxs migrantes, manterxs y feriantes.
— Fuera los controles migratorios de los barrios populares. Migrar no es delito.
— Trabajo digno, salario igual a la canasta familiar y derechos laborales para todxs.
— Urbanización real, vivienda y acceso a servicios básicos para las villas y asentamientos.
— Ningún pibe ni ninguna familia en situación de calle.
— Defensa irrestricta de la economía popular y de los espacios comunitarios.
— Fin de la criminalización de la pobreza y de la protesta social.
— Plata para trabajo, salud y educación, no para militarizar los barrios.
Y concluye: “Porque si el hambre se organiza, también debe organizarse la defensa colectiva de nuestros territorios, nuestras vidas y nuestra dignidad. Exigimos la intervención inmediata de los Comités contra la Tortura, Defensorías del Pueblo, ministerios públicos fiscales y de defensa, legisladorxs, centrales sindicales, organismos de derechos humanos y medios de comunicación para frenar esta cacería contra los barrios populares. Porque migrar no es delito. Porque la pobreza no se combate con balas. Porque nuestros barrios no son zonas de guerra. Porque el verdadero peligro son quienes gobiernan sembrando odio para proteger privilegios”.
