La Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la CTA-A, de la Secretaría de Derechos Humanos, denuncia el hostigamiento xenófobo y persecutorio que el Estado viene ejecutando mediante redadas, especialmente contra la población migrante pobre, boliviana, paraguaya y peruana, que en su mayoría sostiene con su trabajo precario sectores enteros de la economía.

Los talleres textiles —en particular en Villa Celina, en el conurbano, donde se concentran la explotación laboral y la evasión fiscal—, la construcción, los servicios y las ferias de Flores, Once y Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires son fundamentales para el sostenimiento de la vida.

“En el caso de CABA, se trata de operativos de saturación diseñados para mostrar en imágenes a migrantes pobres capturados y rodeados por la policía, como si hubieran desbaratado al Cartel de los Soles. Luego esas escenas son difundidas en redes sociales como parte de un montaje destinado a instalar miedo y generar impacto en la opinión pública, en una versión local y degradada del ICE”, explican desde la Dirección de Migrantes y Refugiados.

La persecución no apunta a los verdaderos delincuentes, ni a los del delito común ni a los de cuello blanco. Apunta, de manera deliberada, a trabajadores precarizados, mientras el poder deja intactos los espacios donde realmente se delinque.

El 19 de marzo, en Lomas de Zamora, se realizó otro operativo contra menores de edad cuando salían de las escuelas en el barrio Santa Catalina. Allí se les exigía documentación y se les tomaban huellas dactilares a estudiantes de entre 12 y 18 años, una práctica que fue denunciada por SUTEBA Lomas de Zamora por violar derechos y garantías elementales que protegen a infancias y adolescencias.

Mientras tanto, en la Patagonia, donde los incendios intencionales arrasaron miles de hectáreas y las autoridades denunciaron intereses económicos detrás del fuego, no se registran operativos con el mismo despliegue contra quienes especulan con tierras o explotan los recursos sin control. “Cuando se trata de perseguir migrantes pobres, el Estado parece ver siempre y en todas partes. Cuando se trata de investigar negocios, responsabilidades políticas y poderes económicos, mira para otro lado”, detallan.

Todos estos operativos están dirigidos por la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y agentes de la Policía de la Ciudad, con cortes de calles y un dispositivo de control migratorio y poblacional que combina verificación de identidad, pedidos de documentación y amedrentamiento público.

El hostigamiento antiinmigrante, impulsado por la xenofobia, no sólo se expresa en la persecución callejera, sino también en los trámites administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se multiplican las trabas deliberadas para sacar el DNI. Por ejemplo, para obtener la residencia permanente, se exige presentar los seis últimos recibos de sueldo, además de adjuntar un certificado emitido por una contadora que acredite ingresos de 1.400.000 pesos por mes, como mínimo. Con esa barrera, el Estado empuja a miles de personas a la irregularidad y las deja a merced de la expulsión policial.

Tengamos presente, dicen, que las migraciones regionales son producto de las políticas antipopulares de los respectivos países, que obligan a miles a salir por problemas económicos y políticos, a lo que llamamos migraciones forzadas. Cuando llegan al país, en su mayoría se concentran en sectores como el comercio, la construcción y el trabajo en casas particulares, donde padecen una mayor incidencia de inserción informal y salarios de miseria.

Toda esta arremetida antiinmigrante constituye, explican, en el fondo, un ataque contra los sectores más explotados de la clase trabajadora. Se apoya en los decretos antiinmigrantes de Milei, en la coordinación directa con las fuerzas federales, en el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad, y en la adopción de políticas de persecución y control poblacional que replican modelos ensayados en otros territorios, incluidos los aplicados por el sionismo contra poblaciones palestinas. No se trata de orden ni de legalidad: se trata de disciplinar a los de abajo y de convertir a la población migrante pobre en chivo expiatorio del ajuste, la precarización laboral y los despidos.

Por eso llaman a organizarse en torno a esta problemática junto con todos los trabajadores migrantes y no migrantes, para denunciar estos atropellos, defender a quienes son perseguidos, enfrentar las deportaciones, denunciar las redadas y concientizar a la comunidad, por todos los medios de difusión, sobre el hostigamiento a la población migrante pobre, a la que criminalizan para enfrentar a trabajadores contra trabajadores y desviar el descontento social provocado por el ajuste tremendo, la precarización laboral y los despidos.

Y concluyen: “Basta de persecución a migrantes y trabajadores. No al racismo y la xenofobia. La migración es el resultado de las malas políticas económicas de nuestros países. Solidaridad con los pueblos latinoamericanos y del mundo. ¡La salida es con la unidad y la lucha! Unidad de los trabajadores migrantes y nativos para defender nuestros derechos.No a las políticas neoliberales”.