El Proyecto de Presupuesto 2027 es el tercero elaborado por la actual gestión y el último de su mandato. Su importancia excede la programación de ingresos y gastos para un ejercicio particular. El proyecto consolida el ajuste realizado desde fines de 2023 y lo proyecta hacia los años siguientes mediante un Marco Fiscal de Mediano Plazo que prevé reducir el gasto primario del Sector Público Nacional desde el 19,5% del PIB registrado en 2023 al 14,2% en 2027 y al 13,8% en 2029. El ajuste queda así incorporado como horizonte permanente de la política fiscal.

La lógica del Presupuesto puede reconstruirse a partir de tres ejes centrales. El primero es la fragilidad de los supuestos macroeconómicos sobre los que se proyectan los recursos. El segundo es la subordinación del conjunto de la política presupuestaria a una regla de superávit fiscal que el propio Gobierno presenta como “inalterable”. El tercero es la trampa de austeridad en la que queda inscripto el Presupuesto.

Esta trampa surge de una estrategia que busca contener la inflación fundamentalmente mediante la compresión de la demanda y que, al debilitar la actividad económica, deteriora también la recaudación. Al mismo tiempo, se resignan recursos provenientes de los sectores de mayor capacidad contributiva, mediante reducciones impositivas sobre los patrimonios y distintos beneficios tributarios. Con una recaudación debilitada por ambas vías y el superávit fijado como objetivo inalterable, el ajuste del gasto se convierte en una necesidad permanente: menor gasto, menor actividad y recaudación, menores recursos y nuevos recortes para preservar el resultado fiscal.

El diseño presupuestario reproduce así una dinámica de ajuste permanente. A esta dinámica se agrega un programa financiero de enorme magnitud que, aun con superávit, exige refinanciar deuda por montos equivalentes a alrededor de un presupuesto y medio y prevé un aumento neto del endeudamiento. Finalmente, esas necesidades financieras se proyectan sobre una restricción externa muy exigente, al punto que la brecha de divisas prevista para la Administración Nacional representa más del 80% del saldo comercial esperado para 2027.

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