El gobierno de Javier Milei resolvió la intervención de los medios públicos: Télam, RTA, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar, por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogada por un año adicional. Según el Boletín Oficial, tiene como objetivo “reformular y readecuar las sociedades” y modificar las contrataciones y la estructura del personal de estos medios.

“La privatización e intervención de los medios públicos implican una grave lesión al acceso a la información, a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, a nuestras audiencias y un retroceso enorme en lo que significa garantizar el federalismo y la soberanía comunicacional.”, dijo Mariana Mandakovic, Secretaria General Adjunta de la CTA y Secretaria de Organización de la Fatpren.

La dirigenta dijo además que la intención de esta intervención tiene más que ver con las necesidades del Mercado por eso “no podemos dejar de denunciar la gravedad de todo esto porque nos afecta a todos y todas las trabajadoras porque sin soberanía comunicacional no hay soberanía posible.”.

“Amenaza el acceso a la información porque sin una agencia pública distribuida en puntos estratégicos del país, la información quedaría sujeta a la voluntad de los medios privados.”, dijo Carla Gaudensi, Aecretaria General de la Federación.

El decreto de intervención, establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, designa a Diego Martín Chaher como interventor principal, con Diego Sebastián Marías como Interventor Adjunto, ambos bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete encabezada por Nicolás Posse. La normativa permite que la intervención sea prorrogada una sola vez, según la discreción del Gobierno.

Desde la Fatpren explicaron que no es un problema económico, ya que representan sólo el 0,017% del presupuesto nacional, sino que hay una intención política, simbólica y cultural. Por otro lado, garantizan que el sistema de medios de nuestro país cuente con información federal, con la Agencia de Noticias Telam que abastece a todos los medios privados y comunitarios, las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el territorio nacional y la Televisión Pública. Además promueven el acceso de toda la población de manera gratuita de contenidos culturales, sociales, educativos y de interés público, como el Mundial de Fútbol o los festivales populares de las diferentes provincias.

La privatización y/o intervención del sistema de medios públicos implicaría una grave lesión al derecho de acceso a la información de las audiencias a nivel federal y una grave pérdida en la soberanía comunicacional. Las democracias de países de todo el mundo, de distinta envergadura y bajo gobiernos de diferentes signos políticos, tienen medios públicos fuertes, que garantizan pluralidad de voces y defienden la soberanía de su país, explican desde Fatpren.