A través de un comunicado, la CTA repudió la detención de los dirigentes sindicales Patricia Sánchez Ramos, Hever Bravo Tacuari, Limber Sánchez, Sergio Onofre Arispe y Evelio Ramos Cachaca, ocurrida en la ciudad de El Alto durante un operativo policial realizado por efectivos vestidos de civil y armados.

La CTA Autónoma calificó los arrestos como “un grave atropello a las libertades democráticas, a la actividad sindical y a los derechos fundamentales de organización y protesta”, y exigió la inmediata liberación de los detenidos.

Asimismo, la Central reclamó el cese de toda forma de persecución, criminalización y hostigamiento contra las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que participan de manifestaciones y protestas sociales.

En el mismo documento, la central obrera argentina manifestó su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Estados de Excepción en Bolivia, al considerar que la norma debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos, además de habilitar la intervención militar en conflictos internos, que siempre trajo aparejado el derramamiento de sangre de pueblo en América Latina y el Caribe. Cabe recordar que en 2003 el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada –hoy prófugo de la justicia boliviana y protegido por los Estados Unidos– puso a las Fuerzas Armadas en la calle asesinando a 67 personas y más de 500 resultaron heridas.

“Estas medidas representan una seria amenaza para el Estado de Derecho”, sostuvo la CTA Autónoma, que además alertó a la comunidad internacional sobre la situación y pidió el seguimiento permanente de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales regionales e internacionales.

Señaló, además, que el objetivo de ese monitoreo debe ser garantizar el respeto de las libertades democráticas, los derechos laborales y las garantías constitucionales en Bolivia.

Finalmente, la CTA Autónoma ratificó su respaldo a la COB y al conjunto del movimiento social, indígena y campesino boliviano, al considerar que la solidaridad entre los pueblos constituye una herramienta fundamental frente a cualquier intento de disciplinamiento y represión.

La organización concluyó su pronunciamiento reclamando la liberación inmediata de todos los dirigentes detenidos y reiterando su rechazo a la represión y a la criminalización de la protesta social.

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