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La CTA repudia la criminalización contra Federico Giuliani y otrxs dirigentxs

El Fiscal Aragón pidió la elevación a juicio contra el secretario General de la CTA Códoba, Federico Giuliani, por participar de la Marcha contra el Hambre.
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El Fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón pidió la elevación a juicio de la causa contra el secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril acusándolo -junto a otros dirigentes sociales- como “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transportes o Servicios Públicos en concurso material (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal)”.

Junto a Giuliani fueron citados a juicio Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano.

A la hora de describir los hechos el Fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados (con diferente grado de participación -Giuliani figura como adherente a la medida-) lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.

En un claro ejercicio de la remanida máxima de actuar como juez y parte, el Fiscal de Aragón cita: “El cuadro probatorio se integra con Testimonial de Waldo Marcos Fernández Feddy; Comisario Mayor Iván Alejandro Rey, Gustavo Ramón Ceballos, Osvaldo Alejandro Moyano, Cabo Primero Néstor Daniel Amin, Sargento Pablo Roberto Torres, Cabo Ezequiel Oliva, Sargento Hugo Flores, Comisario Javier Adolfo Ercoli”.

Al respecto, el dirigente expresó: “A 40 años de la recuperación de la democracia, este tipo de fallos judiciales son una aberración que plantea la criminalización de la protesta, que le da lugar a que los testigos sean la propia policía que reprime, que en la coyuntura electoral nacional es un combo venenoso que quiere prohibir la protesta social”.

En ese contexto explicó la cronología de todos estos hechos que dan muestra de la persecución a dirigentes: “En marzo la Cámara de Comercio, que es un eje de poder en Córdoba, presentó un amparo para evitar las movilizaciones en el centro de la ciudad, supuestamente porque decaían las ventas. El 31 de marzo un juez, Fernández López, de la alta oligarquía cordobesa sacó un fallo dando lugar a este amparo y en donde da instrucciones a la Fiscalía para actuar y a la Policía para intervenir. El 5 de abril movilizamos con el bloque piquetero en contra del hambre, el 9 de abril nos llega la imputación, el 15 nos pintan los dedos y nos sacan el teléfono celular, lo cual es de una gravedad absoluta porque eso conlleva a violar la intimidad personal, a hacer inteligencia”.

“A los pocos días de esto la hermana de Fernández López, que es el juez que hace lugar al amparo, es nombrada en un alto cargo en la justicia cordobesa y tres días antes de la elección al gobernador nos citan a declarar ante la ausencia siempre del Fiscal, que nunca dio la cara con nosotros en esta perspectiva de la convocatoria por qué nos imputaban”, dijo el dirigente.

Asimismo Giuliani explicó que “ La elevación a juicio se da en tiempo récord, y va en contra del Estado de Derecho que existe en Argentina, en el artículo 14 bis que es el derecho a protestar, evidentemente se hace en un clima en donde el poder político de Córdoba adoctrina al poder judicial y esto no tiene más que como elemento una movilización contra el hambre, el corte de calle, nos quieren endilgar la asociación ilícita y va con una clara línea de disciplinamiento a los que luchamos”.

La CTA rechaza y repudia el asedio judicial

La CTA nacional dijo en un comunicado que repudia la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares que trabajan incansablemente por atender las necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad.

«Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito.», finaliza el comunicado que tiene las firmas de Cachorro Godoy, Mariana Mandakovic y Ricardo Peidro.

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