La crisis provocada por la pandemia del COVID 19 puso en evidencia el alto costo de la informalidad laboral. Según datos de la OIT, en 2020, el trabajo formal se redujo en un 16,7%, mientras que el trabajo registrado descendió solo en un 4%, lo cual afectó principalmente a las mujeres y a la población joven, debido a su sobre-representación en la economía informal. A lo largo de 2021, la tasa de informalidad se ha mantenido en torno al 43%, un valor que solo es ligeramente inferior a los niveles previos a la crisis.
En este contexto, el VII° Seminario sobre Economía Informal ofrece una oportunidad única para aportar evidencia y generar diálogo sobre las oportunidades y desafíos que surgen de cara a la transición hacia la economía formal en la actual fase post pandemia.
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA, integró el panel de apertura de este seminario, donde expuso: “En la Argentina, más de la mitad de la población económicamente activa es precaria y el 40% de quienes tienen trabajo formal están precarizados. Esta situación es producto de políticas concretas, el Papa Francisco habla de capitalismo de descarte. Otros lo denominan políticas neoliberales porque lo que han generado son situaciones estructurales. En la pandemia se profundizó con crudeza esa situación. Es un dato que el Estado reconoce y lo reconoció con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.
“En el segundo trimestre de este año se generaron 599 mil puestos de trabajo, de los cuales 433 mil eran informales, o sea el 73% del empleo que se generó es informal. Estos son datos que demuestran que es estructural pero es responsabilidad de las políticas públicas modificar esta situación y también desde las organizaciones sindicales y sociales que tenemos nuestra propia responsabilidad. En ese sentido para nosotros es un avance muy importante que la OIT haya incorporado como tema fundamental la economía social, lo que nosotros denominamos la economía popular”, remarcó el dirigente que compartió la mesa con Gerardo Morales de la CGT; Claudio Marín de la CTA de los Trabajadores; Daniel Funes de Rioja, de la UIA; la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos y Yukiko Arai, titular de la OIT en Argentina.
“Desde el punto de vista de las organizaciones de los trabajadores, desde nuestra Central creemos que es necesario contener organizativamente a ese sector de trabajadores y trabajadoras con distintas modalidades de trabajo. No se puede cambiar la realidad si no hay organización. La política de precarización laboral está absolutamente ligada a la política de generar pobreza y hambre como instrumento de dominación y la única manera de transformar eso es construir un actor social que incida en las políticas públicas para que se desarrollen en una perspectiva diferente.”, señaló Godoy en su intervención.
A continuación describió la contracara, que es la subocupación: “En Argentina el 45% de los trabajadores formales son sub-ocupados, 3 de cada 10 trabajan más de 45 horas semanales. Si hubiera una política pública destinada a reconocer que esta sobre-ocupación es producto de los bajos salarios y se garantizara una política activa para reducir el horario de trabajo, habría 840 mil puestos de trabajo nuevos. Se requieren políticas públicas para reducir el horario laboral”.
En este sentido afirmó que es fundamental la formación: “El hecho de que el desarrollo tecnológico se haya convertido no en un elemento de integración social y de desarrollo colectivo ya que el conocimiento científico es una propiedad social, pero a ese conocimiento y desarrollo se lo ha apropiado el Capital y lo utiliza en función de su ganancia particular y no de la socialización, de la capacidad de la productividad”.
“Por eso es que en la Argentina, la productividad en el desarrollo económico se desengancha cada vez más de los ingresos de los trabajadores, baja el ingreso de los trabajadores y sube la productividad y se genera descarte. Se requieren políticas públicas para que la formación sea obligatoria dentro del horario de trabajo porque no puede ser únicamente una responsabilidad individual del trabajador o la trabajadora o de su grupo familiar sino del conjunto del Estado”, finalizó Godoy.
