Dirigentes de la CTA Autónoma participaron durante la jornada de hoy del IX Seminario sobre Economía Informal en Argentina, organizado por la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina. Se trató de un espacio de debate técnico, académico y político enfocado en analizar la persistencia de la informalidad laboral en el país y consensuar estrategias para la transición hacia el empleo formal.
Entre las principales temáticas, se abordó el Marco de la Recomendación 204 de la OIT,sobre la transición de la economía informal a la economía formal (2015); se hizo un diagnóstico de la informalidad estructural en Argentina, con análisis de las cifras y causas del trabajo no registrado en asalariados y trabajadores por cuenta propia; y se dialogó sobre nuevas formas de trabajo y plataformas digitales. También se abordó el debate legislativo y reformas laborales, y la protección social y mipymes.
Daniel Jorajuría, secretario administrativo de la CTA y representante ante OIT expuso en el panel: “La transición hacia la formalidad en tiempos de cambio: perspectivas de los actores del mundo del trabajo”, el cual compartió con Guillermo Zuccotti, de la CGT; Andrés Larisgoitia, de la CTA de las y los Trabajadores; y Laura Gimenez, de la IUA. Por la CTA Autónoma también estuvo presente María Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE.
En su intervención, Daniel Jorajuría explicó: “Evidentemente, no mejoramos si no hay un modelo de desarrollo productivo diferente y con distribución. La estrategia hoy de resistencia tiene que ver con cómo paramos algunas de las cuestiones que sufrimos los trabajadores. Es decir, cuando se niega la justicia social, estamos negando el ascenso social de los trabajadores y nos están diciendo que el que es cartonero tiene que ser cartonero para toda la vida, y esto no es así”.
“Cuando nos dicen que para resolver el empleo y la informalidad lo quieren hacer a través de una legislación que termina rompiendo el contrato social que teníamos y legalizando la informalidad —como lo hace la Ley Bases—, vamos en el camino contrario y eso necesitamos imperiosamente frenarlo”, dijo y agregó: “Y frenarlo de la mejor manera: ejerciendo, como han dicho todos, a través de un diálogo social tripartito institucionalizado con todos los que sufrimos el problema para resolverlo”.
Asimismo plantó que “El otro tema que me parece que estuvo en los paneles de la mañana —la innovación, la tecnología, las nuevas formas del futuro del trabajo— es que tenemos que ponerle un límite a ese superpoder que van formando las empresas transnacionales digitales y de plataforma, que perforan la soberanía de los Estados y someten a nuestros trabajadores a un contrato de adhesión a destajo y a cualquier precio”.
“Creo que ese es otro elemento fundamental, sobre todo para resolver la informalidad en la Argentina, que alguna vez tuvo un desarrollo productivo, industrial y económico con pleno empleo y trabajadores con derechos”, dijo Jorajuría, y remarcó: A diferencia de lo que nos sucede hoy, donde a pesar de tener en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo como objetivo fundamental la justicia social —es decir, la igualdad de oportunidades de todos los individuos para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales—, donde tenemos en la propia Declaración la premisa de que el trabajo no es una mercancía y donde nuestra Constitución en Argentina protege al trabajo en sus diversas formas y nos otorga todos los derechos, tenemos que preguntarnos por qué nos está pasando lo que está pasando”.
En ese sentido, dijo: “me parece importante remarcar que la recomendación habla de cuestiones multicausales para la informalidad, y a mí me preocupa definir algunas causales de las que señala. Se dice que a veces se ingresa en la informalidad por la rigurosidad de la legislación laboral. Sin embargo, en los 90 se flexibilizó toda la legislación laboral y la informalidad creció. Se dice que no se resuelve la informalidad por las crisis económicas y que por eso crece. Sin embargo, terminan las crisis, crece la economía y siguió creciendo la informalidad. En realidad, tenemos que buscar la razón en cuestiones políticas”.
“La recomendación es clave también porque propone y promueve cambios para la legislación y las prácticas”, indicó el secretario administrativo de la Central, que remarcó: “aplica también para los propios empresarios, que pierden las posibilidades de acceso al crédito o de presentarse en licitaciones; esta recomendación les da una serie de medidas que agilizan sus trámites y sus registraciones”.
Finalmente dijo: “Y qué decir del Estado, con todo lo que pierde en ingresos que podría destinar a inversiones en infraestructura, al desarrollo de planes o a otorgar créditos. Por lo tanto, bienvenida la recomendación”.
