La actividad hizo foco una vez más sobre Memoria, Verdad y Justicia: Memoria para recordar quiénes fueron los responsables del genocidio; Verdad sobre los hechos y la falta de Justicia en los empresarios que financiaron y colaboraron para que se lleve a cabo el genocidio contra miles de trabajadoras y trabajadores.

Participaron del panel Juan Carlos Capurro, abogado especialista en Derechos Humanos, integrante del equipo jurídico de ATE y CTA; Pablo Llonto, abogado especialista en Derechos Humanos, periodista y escritor y Alicia Perelló, de la Asociación Bancaria.

Juan Carlos Capurro comenzó su exposición con una pregunta “¿es vigente el planteo de genocidio hoy?, sí, más que nunca, porque los que lo hicieron antes hoy están agazapados. El pecado original de la dictadura era imponer un plan contra los trabajadores y ese plan lo pensó Martínez de Hoz que era un empresario”.

En ese contexto, bajo la atenta mirada de los dirigentes de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, Rodolfo Barja y Beto González; Capurro sostuvo que “cuando se planifica un genocidio hay muchas cosas terribles pero la frialdad hace a una descomposición de quienes lo pensaron y de quienes lo oficiaron, por suerte, a muchos de ellos los pudimos llevar a los estrados”.

“En 1998 en nuestro país había impunidad porque estaban vigente las leyes de Obediencia de vida y el Punto Final, por eso nosotros llevamos a España cientos de testimonios y pruebas que avalaban que durante la dictara hubo un genocidio con la complicidad de sectores empresariales”, dijo Capurro. Y añadió: “Hubo decisión política, pero nosotros llegamos a los juicios a través de luchas y movilizaciones gigantescas porque el golpe y el plan fue hacia la clase trabajadora y fueron los propios trabajadores los que trajeron las pruebas”.

Por último remarcó que “logramos demostrar que el 68% de los desaparecidos fueron de la clase trabajadora, eran compañeras y compañeros que se imponían en las fábricas por eso tuvieron que diseñar una maquinaria de matanza, un genocidio y fue financiado por empresarios”.

Al finalizar los expositores, Ricardo Peidro,  Secretario General Adjunto de la Central y quién fuera secuestrado durante la Dictadura, fue invitado a participar del panel para que cuente desde su propia experiencia lo que fue la responsabilidad de los empresarios durante la dictadura. «Nosotros hoy seguimos discutiendo con estas empresas. Tenemos que seguir luchando para que vayan presos, pero también debemos seguir creciendo en nuestras construcciones para quitarle más poder a ese sector. En la reunión del Consejo del Salario uno escuchaba a Funes de Rioja y daban ganas de vomitar porque son lo mismo de aquella época, porque quieren sindicatos afines a sus intereses, por eso nosotros seguimos resistiendo como antes y como siempre.», aseveró el dirigente de APM.